Autoridades federales han identificado un esquema operativo relacionado con el lavado de dinero que involucra 13 establecimientos en ocho estados de México. Estos lugares, que incluyen casas de apuestas y plataformas digitales, presentan posibles irregularidades en sus operaciones financieras.
La detección de estas actividades irregulares surge de una investigación en respuesta a denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el uso de recursos de origen ilícito. Como resultado, se suspendieron temporalmente las actividades en los establecimientos ubicados en estados como Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como el bloqueo de páginas de casinos en línea y cuentas bancarias asociadas a operaciones sospechosas.
Durante una conferencia encabezada por la presidenta del país, se anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, identificó transacciones inusuales que alcanzan los 50 millones de pesos, incluyendo transferencias internacionales dirigidas a empresas fintech de Estados Unidos y Europa.
La investigación reveló un patrón de operación en el que individuos, a menudo jóvenes o personas con escasos recursos, son enganchados o se les roba la identidad para participar en apuestas que, supuestamente, les generan ganancias millonarias. Sin embargo, el dinero de estas «ganancias» es redirigido a cuentas en el extranjero, y, en algunos casos, la persona es instruida a reenviar dinero a otras cuentas como parte del proceso de lavado.
Las autoridades explicaron que este esquema utiliza casas de apuestas y empresas fachada para ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante la implementación de sofisticados mecanismos financieros y electrónicos.
La procuradora Fiscal de la Federación detalló que el proceso de lavado se realiza de la siguiente manera: los fondos provenientes de actividades ilegales ingresan a los casinos a través de la compra de fichas o pagos ficticios. Luego, estos montos se transfieren entre empresas simuladas y cuentas bancarias, algunas de las cuales están ubicadas en el extranjero. Finalmente, el dinero retorna a los beneficiarios mediante supuestos pagos por servicios, creando la apariencia de ingresos legítimos.
