Guanajuato – Un legislador del Partido Acción Nacional propone una iniciativa para tipificar como delito autónomo el reclutamiento y uso forzado de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, así como incrementar las sanciones correspondientes.
Esta medida tiene como objetivo desincentivar las actividades ilícitas que explotan a menores, favoreciendo así tanto la seguridad pública como la actividad económica en la región. La iniciativa destaca la necesidad de abordar una problemática que ha afectado históricamente los derechos humanos en México, donde se estima que entre 35,000 y 45,000 niños y adolescentes son reclutados anualmente por grupos delictivos.
El legislador señala que, en el contexto actual, alrededor de 40 menores se encuentran bajo el sistema de justicia para adolescentes en el estado. Además, en su exposición, subraya que la falta de una tipificación específica del reclutamiento de menores ha contribuido a la impunidad para los perpetradores, resaltando que este tipo de delito debe ser imprescriptible.
La propuesta ya ha sido enviada a la Comisión de Justicia para su análisis, en un esfuerzo por robustecer el sistema de justicia penal y establecer un marco normativo que garantice la protección de los derechos de la infancia en México.
Se identificaron 18 entidades federativas con alta incidencia en el reclutamiento de menores, siendo Guanajuato una de las más afectadas, con municipios como León, Celaya e Irapuato entre los más críticos. Ante este panorama, las autoridades buscan implementar medidas legislativas que fortalezcan la gobernabilidad y la confianza social.
En el ámbito nacional, se han presentado casos recientes que evidencian la gravedad de la situación, como la detención de jóvenes implicados en delitos violentos, lo que pone de relieve la urgente necesidad de atacar las raíces del problema.
En León, por ejemplo, las autoridades reportan más de 5,200 detenciones de adolescentes en 2025, de los cuales una notable cantidad se relaciona con infracciones delictivas. La situación en el estado plantea un desafío significativo en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la infancia.
