El Senado de la República aprobó de manera unánime la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en respuesta a la creciente preocupación por este delito, que se sitúa como el tercero más afectante para la población mexicana. La medida busca ofrecer un marco jurídico integral para el combate a prácticas como las llamadas de extorsión y el cobro de piso.
El dictamen fue avalado con 110 votos de senadores de diversos partidos, aunque su aprobación en esta instancia implica la inclusión de 20 modificaciones a la minuta previamente enviada por la Cámara de Diputados, lo que llevará a que el documento regrese a la colegisladora para su consideración.
La nueva legislación estipula la creación de unidades especializadas sumando a policías, analistas y ministerios públicos debidamente capacitados y certificados para la investigación de delitos de extorsión. Además, establece que todas las instituciones de seguridad y justicia deberán operar bajo un mismo estándar legal y procedimientos comunes en algo tan relevante como el combate a la extorsión.
En términos de sanciones, se propuso inicialmente un rango de prisión de 6 a 15 años; sin embargo, este planteamiento estaba en desacuerdo con ciertos umbrales establecidos en diversas entidades. Con el objetivo de unificar las sanciones a nivel nacional y evadir la posibilidad de que quienes cometan este delito puedan solicitar libertad anticipada, se determinó elevar la pena mínima a 15 años, con una máxima de hasta 25 años.
Asimismo, se incorporarán penas de 6 a 12 años de prisión para quienes introduzcan teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación sin autorización a los centros penitenciarios, una medida destinada a erradicar la extorsión que se gestiona desde dichos recintos.
La ley también contempla medidas para proteger la integridad física y la seguridad de las personas involucradas en procesos judiciales relacionados con la extorsión. Esto incluye el resguardo de sus identidades y la posibilidad de participar de forma remota, además de regulaciones para garantizar la confidencialidad de sus datos personales.
Con estas reformas, el Senado busca establecer un enfoque más riguroso y coordinado para abordar la extorsión en el país, una problemática que afecta profundamente a la sociedad mexicana.
