Una empresa originalmente dedicada a la venta de ropa y servicios de salón de belleza ha logrado convertirse en proveedora de los gobiernos actuales para una amplia gama de productos, que abarca desde medicamentos hasta uniformes policiales.
Desde agosto de 2024, la compañía ha acumulado un total de 62 contratos por un valor superior a mil millones de pesos. Estos contratos incluyen el suministro de diversas medicinas para hospitales, entre ellos, los oncológicos, además de mochilas para la Guardia Nacional y uniformes para la Fiscalía General de la República (FGR).
El fundador de esta empresa es un abogado fiscalista que previamente desempeñó el cargo de Tesorero en Chiapas durante el gobierno de un exmandatario estatal. Este individuo también ha mantenido conexiones con personalidades del ámbito empresarial que enfrentan serias acusaciones, entre ellas la formación de redes de facturación fraudulentas y actividades vinculadas con delincuencia organizada y lavado de dinero.
Además, el empresario tuvo vínculos en años recientes con una firma relacionada con la seguridad privada, la cual ha sido señalada por autoridades de inteligencia financiera en el contexto de la venta de software de espionaje.
Este caso refleja una intrigante intersección entre el sector privado y las contrataciones gubernamentales, planteando interrogantes sobre la transparencia y la regulación en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado mexicano.
