La medida dictada contra el exárbitro Marco Antonio Rodríguez, conocido como «Chiquimarco», tiene impacto local al poner en el centro del debate la protección a víctimas de violencia familiar y la respuesta del sistema de justicia ante personas públicas.
La resolución puede influir en la confianza ciudadana sobre la eficacia de las medidas cautelares.
Una jueza capitalina impuso prisión preventiva justificada a Rodríguez en el marco del proceso penal por violencia familiar.
Deberá ponerse a disposición de las autoridades del Reclusorio Norte en un plazo de tres días; tiene como límite el 26 de diciembre para cumplir la orden.
La audiencia se celebró tras la incomparecencia del acusado el 18 de noviembre.
Ante su ausencia, las defensas de la víctima y el Ministerio Público solicitaron revisar las medidas que se le habían impuesto.
El caso se originó en 2023, cuando Alva Neri Hernández presentó la denuncia por agresiones físicas y psicoemocionales.
Inicialmente Rodríguez fue vinculado a proceso y enfrentó el juicio en libertad bajo medidas cautelares.
Con la nueva determinación, la autoridad consideró que existen riesgos que justifican la privación de la libertad mientras continúa el proceso.
El expediente permanece abierto y el proceso penal seguirá su curso conforme a la ley.
