En Veracruz, organizaciones de defensa de la libertad de expresión, periodistas y abogados exigieron a las autoridades estatales erradicar prácticas abusivas e intimidatorias tras la detención del reportero Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, imputado por la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento y ataques contra instituciones de seguridad pública. La situación fue presentada como un riesgo para el ejercicio periodístico local y motivó reclamos públicos.
Artículo 19 condenó la detención y pidió a la Fiscalía actuar con imparcialidad e independencia, además de exhortar al Poder Judicial a garantizar los derechos del imputado y el debido proceso. La organización insistió en que las investigaciones deben ceñirse a la ley y respetar las garantías procesales.
La captura, ocurrida durante la Nochebuena en Coatzacoalcos, provocó críticas de periodistas y penalistas que acusaron a la Fiscalía, a la secretaria Rocío Nahle y a autoridades judiciales de conductas autoritarias y abuso de poder. Los denunciantes señalaron que la acción parece responder a motivaciones políticas más que a criterios jurídicos.
Tomas Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, sostuvo que imputar al periodista por terrorismo constituye un exceso y explicó que, según los datos disponibles, la conducta atribuida no encuadra en ese tipo penal. También apuntó a posibles responsabilidades de servidores públicos involucrados y advirtió sobre la politización del proceso.
Diversos comunicadores de Veracruz, entre ellos José de Jesús Algarín Durán, José Luis Ortega Vidal, Silvia Núñez Hernández, Rodrigo Barranco Déctor, José Prigadaá Andrade y Fany Yépez Luna, expresaron su condena y advirtieron que la detención busca atemorizar al periodismo local para evitar críticas y promover una cobertura complaciente. Señalaron la necesidad de garantías para ejercer la labor informativa sin intimidaciones.
