La discusión sobre el financiamiento estatal para 2026 dejó al descubierto una fractura política dentro de Morena en Guanajuato. Mientras sus diputados locales votaron en contra y promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes emanados del mismo partido firmaron un comunicado público respaldando la solicitud de financiamiento presentada por el Ejecutivo estatal.
En el documento dirigido al Congreso del Estado, las y los presidentes municipales sostienen que la obra pública “no es un gasto, es una inversión estratégica” y piden explícitamente que se vote a favor del financiamiento en beneficio de los municipios . Subrayan que cada peso invertido en infraestructura “fortalece el presente y libera el potencial” de las regiones de Guanajuato .
Entre los municipios gobernados por Morena cuyos alcaldes suscriben el respaldo se encuentran:
Abasolo
Valle de Santiago
Pénjamo
San José Iturbide
Es decir, mientras en tribuna legislativa Morena argumenta que el financiamiento es indebido o inconstitucional, en el ámbito municipal sus propios alcaldes reconocen la necesidad de recursos para atender infraestructura, servicios básicos y proyectos largamente demandados por la ciudadanía.
El contraste no es menor. Los alcaldes hablan desde la gestión cotidiana y la presión directa de la población por calles, agua potable, seguridad e inversión regional. Los diputados optaron por judicializar el tema y llevarlo a la Corte.
La incongruencia política es evidente: si en los municipios gobernados por Morena el financiamiento es visto como una herramienta legítima para mejorar la calidad de vida, ¿por qué en el Congreso del Estado se convierte en motivo de litigio?
El debate sobre la deuda dejó de ser exclusivamente financiero. Hoy es también un debate sobre coherencia interna dentro de Morena en Guanajuato.
