La búsqueda de personas desaparecidas en México está marcada por la intensa labor de mujeres, como madres, esposas, hermanas e hijas, quienes enfrentan desafíos y violencias desproporcionadas en su búsqueda. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, al menos un 97% de estas buscadoras sufre diversas formas de violencia, evidenciando una responsabilidad del Estado que sigue sin abordarse adecuadamente.
El informe titulado «Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» resalta un patrón sistemático de agresiones contra estas mujeres, quienes constituyen alrededor del 90% de quienes realizan las labores de búsqueda. La organización ha documentado más de 230 colectivos dedicados a este propósito, muchos de los cuales se ven obligados a lidiar con la indiferencia y, en ocasiones, la resistencia de las autoridades.
Una encuesta realizada entre 661 buscadoras reveló que un 97% ha enfrentado violencias y afectaciones en su tarea, destacándose un 45% que ha recibido amenazas, y un 39% ha sufrido extorsiones. Asimismo, el informe señala un deterioro significativo en las relaciones familiares, con un 60% de las buscadoras reportando este tipo de afectaciones. También se documentaron problemas de salud física y mental en el 70% de los casos, además de pérdidas económicas en el 60% de las mujeres encuestadas.
El director de Amnistía Internacional en España subrayó que estas mujeres enfrentan dificultades específicas, como la inseguridad laboral, y muchas han sido despedidas por intentar equilibrar su búsqueda con sus obligaciones familiares, viéndose forzadas a asumir un papel de proveedoras en momentos de crisis familiar.
El informe también arroja luz sobre la estigmatización y revictimización que padecen estas mujeres, con una de cada dos buscadoras reportando haber enfrentado tales situaciones tanto por parte de autoridades como de sus propias comunidades.
La organización ha instado al Estado mexicano a reconocer la gravedad del fenómeno de las desapariciones, describiéndolo como un problema «congénito y enquistado». Este llamado cobra particular relevancia en el actual contexto político del país, encabezado por una administración que se autodenomina «de mujeres».
Amnistía Internacional sugiere que el gobierno debe actuar de manera coherente con su discurso, proporcionando el apoyo necesario a estas buscadoras, quienes, al ser defensoras de los derechos humanos, merecen protección y reconocimiento formal por parte del Estado. En este contexto, se han destacado graves deficiencias en el Mecanismo de Protección a personas defensoras, evidenciado por reportes de buscadoras que no cuentan con los recursos básicos para notificar situaciones de riesgo.
Actualmente, se estima que más de 130,000 personas siguen en calidad de desaparecidas en el país, según cifras oficiales, una situación que refleja la urgencia de una respuesta efectiva y humanitaria por parte de las autoridades.
