La contrarreforma fue impulsada por el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, y por la aspirante a la dirigencia del gremio petrolero, Cecilia Sánchez García, ambos senadores de Morena, la cual modifica el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) a fin de que el descuento de las cuotas sindicales vuelva a ser obligatorio vía la nómina,

Con ello se deroga, paradójicamente, una reforma impulsada también por Morena y festejada en su momento por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que estableció que era opcional al pago de cuotas sindicales y la no obligatoriedad de las empresas a descontarlo.

Gómez Urrutia defendió la contrarreforma al argumentar que no se afectan los derechos de los trabajadores y acusó a la oposición de representar a la clase empresarial, lo cual fue rechazado por senadores del PAN, PRD y Grupo Plural.

El artículo 110 de la LFT establece los casos en los que los patrones pueden hacer descuentos al salario de sus trabajadores. La fracción VI contempla, dentro de estas situaciones, el «pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos»; no obstante, a partir de 2019 se le adicionó este texto: «El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla».

La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.