El reciente asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas ha renovado el debate en México sobre el juzgamiento de menores en casos de delitos graves. El crimen, presuntamente llevado a cabo por un estudiante de 15 años con un rifle AR-15, ha generado una gran indignación en la comunidad.
El joven enfrenta cargos de feminicidio y posesión ilegal de armas, aunque su edad limita la sanción máxima a tres años. La situación ha llevado al gobernador de Michoacán a considerar la posibilidad de que el agresor sea procesado bajo normas aplicables a adultos.
La fiscalía estatal ha indicado que varios menores han sido judicializados en la entidad por delitos graves en los últimos años. Especialistas en derechos de la infancia apuntan que estos incidentes reflejan problemas más profundos, como la exposición de jóvenes a entornos violentos y la influencia de discursos de odio en redes sociales. Además, advierten que las familias y escuelas a menudo no identifican señales de riesgo a tiempo.
