La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 21 denuncias penales contra funcionarios públicos por un posible daño al erario de más de 600 millones de pesos. Estas denuncias, que implican a instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, así como universidades públicas, son el resultado de la fiscalización de los recursos públicos.
Las denuncias se refieren a revisiones de las cuentas públicas del periodo 2020 a 2024 y fueron formalizadas el pasado 26 de junio. Esta es la primera acción legal en la gestión del nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, designado por la Cámara de Diputados en marzo.
Entre las denuncias, destacan tres recursos interpuestos contra la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una contra Talleres Gráficos de México. También se han presentado denuncias contra el gobierno del estado de Nayarit, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra en el Estado de México, Alvarado en Veracruz, Matehuala en San Luis Potosí, y Maravatío en Michoacán.
El auditor superior afirmó que ahora se presentan denuncias inmediatamente después de identificar posibles irregularidades, en lugar de esperar a concluir procesos de fiscalización prolongados. La Fiscalía General de la República se encargará de investigar y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Además, se han presentado 30 expedientes administrativos graves por colusiones y contrataciones indebidas en procesos públicos ante la autoridad sustanciadora. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación otorga a la ASF la facultad de presentar tales denuncias y colaborar con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.
