En Jammu y Cachemira las autoridades impusieron restricciones totales, incluida la suspensión del servicio de internet móvil, para contener las protestas suscitas por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel. La medida afecta de modo directo la vida cotidiana y la movilidad en la región.
Las restricciones y la respuesta policial se adoptaron después de que miles de personas se manifestaran en Srinagar, la principal ciudad de la región de mayoría musulmana, en marchas que combinaron muestras de duelo y protesta. Imágenes de las concentraciones se difundieron ampliamente y elevaron la tensión en el valle.
Testigos relataron que los manifestantes comenzaron a congregarse nuevamente en la autopista Bemina-Batamalo y que la policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las marchas al iniciarse la movilización. Tras los enfrentamientos, la red móvil registró una caída generalizada en toda la región.
Fuentes del sector de telecomunicaciones señalaron que las operadoras recibieron instrucciones oficiales para ralentizar el tráfico de datos, una práctica utilizada con frecuencia en Cachemira para dificultar la convocatoria y coordinación a través de plataformas digitales. En Srinagar, las autoridades acordonaron el principal centro comercial y político de la ciudad, Lal Chowk.
Un alto mando de la sala de control policial justificó las restricciones como medidas de precaución para salvaguardar vidas y propiedades y para mantener el orden público. Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha ante el temor de que las protestas puedan intensificarse.
Se han desplegado contingentes adicionales de seguridad, así como barricadas y alambres de púas en carreteras y puntos de acceso a instalaciones oficiales. Como medida excepcional, el gobierno regional suspendió las clases en todas las escuelas y universidades durante los próximos días.
La convocatoria de huelga fue promovida por el Mutahida Majlis-e-Ulama (MMU), un organismo que agrupa a principales organizaciones religiosas del valle, y que logró la adhesión de comunidades chiíes y suníes. Se estima que la comunidad chií de la región agrupa a alrededor de 1,5 millones de personas.
El clérigo Mirwaiz Umar Farooq expresó en un comunicado su condena por lo que calificó como un «asesinato» del líder iraní y afirmó que la población de Jammu y Cachemira rechaza la agresión contra Irán. Sus declaraciones contribuyeron a la movilización y a la amplitud de las protestas.
Este cierre general marca un antecedente desde 2019, cuando la revocación del estatus semiautónomo de Jammu y Cachemira por parte del gobierno indio desencadenó meses de interrupciones de comunicaciones, confinamientos y agitación política en el valle.
