Siete menores mueren en bombardeo del Ejército colombiano; contraste con política mexicana de “abrazos, no balazos”
Redacción Contacto Noticias
La muerte de siete menores de edad durante un bombardeo del Ejército de Colombia volvió a encender las alarmas internacionales. La operación —la más letal del gobierno de Gustavo Petro— se realizó en el departamento del Guaviare contra disidencias de las FARC y dejó un total de 20 muertos. La Defensoría del Pueblo confirmó que entre las víctimas había cuatro niñas y tres niños, todos reclutados por la guerrilla, pero insistió en que aun en escenarios de guerra, el Estado debe extremar precauciones para proteger a la niñez.
El gobierno colombiano ha endurecido su estrategia militar en medio de presiones electorales y fricciones con Estados Unidos, que recientemente retiró a Colombia su certificación como aliado en la lucha antidrogas. Petro se defendió afirmando que el bombardeo buscaba evitar una emboscada contra jóvenes soldados y aseguró que tomó la decisión “a riesgo” para impedir mayores bajas. No obstante, organizaciones civiles advierten que la ofensiva vulnera principios internacionales de protección a menores reclutados forzosamente.
Este escenario contrasta con lo que ocurre en México, donde un gobierno de la misma tendencia izquierdista y encabezado por una presidenta que también militó en la guerrilla urbana (M-19) mantiene la política de “abrazos, no balazos”. Mientras Colombia responde con ataques aéreos contra campamentos insurgentes —aun a costa de vidas infantiles—, México ha optado por evitar confrontaciones directas, una estrategia criticada por considerar que envía un mensaje de permisividad frente al crimen organizado.
La ofensiva de Petro se concentra en la cacería de Iván Mordisco, jefe de las disidencias del llamado Estado Mayor Central, y uno de los hombres más buscados del país. Ante la presión militar, los rebeldes han respondido con ataques en regiones que controlan. Este sábado, una estación de policía en Cauca fue blanco de explosivos y drones, causando destrucción en comercios y terror entre los habitantes. “Fue horrible, horrible, horrible”, relató una mujer que sobrevivió al atentado.
La tragedia de los siete menores reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza y cuestiona la capacidad de los gobiernos latinoamericanos de izquierda para garantizar seguridad sin violar derechos humanos. Colombia endurece su mano incluso si las víctimas son adolescentes reclutados; México mantiene distancia del combate directo. Dos modelos opuestos, un mismo desafío: proteger a quienes no eligieron estar en medio de la guerra.
