El conflicto interno entre facciones del Cártel de Sinaloa continúa sin frenar los envíos de fentanilo hacia Estados Unidos, mientras la violencia en el estado se mantiene, con más de 3,000 muertos en dos años. Un informe de la organización International Crisis Group señala que, a pesar del despliegue militar del Gobierno federal, la crisis de violencia ha cambiado de forma y se ha trasladado a áreas rurales.
El conflicto se inició tras la captura en 2024 del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, lo que provocó una fractura dentro del cártel, generando una ola de violencia entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos. Aunque el estudio destaca que el Estado mexicano «está lejos» de alterar el equilibrio de fuerzas del crimen organizado, también indica que los ataques han sido más estratégicos y menos aleatorios.
A pesar del impacto en el poder del cártel, la demanda y el costo del fentanilo en Estados Unidos se mantienen estables, lo que sugiere que otros grupos pueden estar suplentando la oferta de drogas. En Sinaloa, las facciones del cártel controlan extensas áreas del territorio, donde a menudo las autoridades son grupos criminales en lugar del Estado.
Más de 10,000 militares están desplegados en el estado, principalmente en Culiacán, donde han realizado importantes incautaciones de narcóticos. Sin embargo, los índices de violencia se mantienen elevados. La estrategia militar actual podría simbolizar un cambio significativo respecto a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su lema de «abrazos y no balazos».
El informe también resalta la complicidad de algunos actores políticos en Sinaloa con el narcotráfico, señalando la reciente acusación formal de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por supuesta colaboración con Los Chapitos. El investigador David Mora considera que el poder del Cártel de Sinaloa ha sido sostenido por la protección política y que abordar esta relación es crucial para enfrentar la amenaza del crimen organizado en México.
