La síndica procuradora del municipio de Ahome ha sido vinculada a proceso por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos. El juez a cargo del caso concluyó que la funcionaria entorpeció una investigación de la Fiscalía General del Estado relacionada con un contrato de arrendamiento de vehículos.
Según las acusaciones, la síndica no proporcionó la documentación requerida hasta en cuatro ocasiones por el Ministerio Público, incluyendo copias del contrato, actas del Comité de Adquisiciones y el origen de los recursos utilizados para el pago de 171 millones de pesos en el arrendamiento de 126 vehículos con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V.
Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Culiacán, la defensa de la funcionaria argumentó que la imputación presenta vicios de procedimiento. Sostuvieron que la Fiscalía había calificado el asunto como un delito instantáneo, a pesar de que hubo múltiples solicitudes de información. La defensa aseguró que Hernández Flores cumplió con el deber de notificar a las áreas administrativas del Ayuntamiento sobre la solicitud de la Fiscalía y que mostró disposición para colaborar.
Los abogados defensores afirmaron que no se evidenció una conducta dolosa en la actuación de la síndica. Sin embargo, la Fiscalía contrarrestó esta postura, señalando que Hernández Flores tenía la responsabilidad de recabar y proporcionar la información solicitada por la autoridad investigadora. La falta de atención a este requerimiento fue interpretada como un acto de obstrucción.
El juez corroboró la afirmación de la Fiscalía, estableciendo que existían elementos suficientes para presumir que la síndica obstaculizó dicha investigación. Como parte del proceso, el juez también ordenó que se investigara a los funcionarios de las áreas administrativas que no colaboraron con la indagatoria.
La causa penal permanecerá abierta durante tres meses para realizar investigaciones complementarias, y se ha impuesto como medida cautelar la restricción de salida del país sin autorización judicial, atendiendo a razones personales justificadas por la defensa.
