En México, Human Rights Watch señaló que, a más de un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, persisten altos niveles de violencia e impunidad que afectan directamente a la población local. La organización advirtió además que las desapariciones continúan en aumento y que las autoridades no han dado respuesta suficiente.
HRW afirmó que la presidenta heredó graves problemas de derechos humanos, entre ellos violencia extrema y abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. El informe también subraya que se mantienen patrones de violencia vinculados al crimen organizado y a disputas locales que han dejado víctimas civiles.
La organización acusó a administraciones anteriores de provocar un retroceso democrático que ha socavado la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho. Señaló que cambios institucionales recientes han debilitado mecanismos de control y rendición de cuentas.
Como ejemplos de la violencia, HRW citó más de mil 800 homicidios reportados en Sinaloa desde el envío a Estados Unidos del presunto líder criminal Ismael Zambada, el doble homicidio de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el asesinato de un alcalde que investigaba vínculos entre grupos criminales y políticos locales.
El informe advierte que la impunidad es generalizada: apenas una minoría de homicidios es investigada adecuadamente por las fiscalías, y en varios casos se han detectado pruebas alteradas, fabricadas o obtenidas mediante tortura. Esa situación dificulta el acceso de las víctimas a la justicia.
HRW señaló que la reforma judicial que derivó en despidos masivos de jueces y magistrados, así como procesos electorales con baja participación, contribuyen a esa impunidad. También criticó la reelección de la titular de la Defensoría del Pueblo, por considerar que no se sometió a un escrutinio riguroso.
La organización señaló que instituciones de defensa pública han documentado miles de denuncias por actos de tortura y que organismos internacionales han señalado que la práctica es generalizada en el país. Estos hechos agravan la desconfianza en el sistema penal.
HRW documentó además el uso ampliado de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública pese a denuncias de ejecuciones extrajudiciales y agresiones sexuales atribuidas a militares. La Secretaría de la Defensa ha rechazado imputaciones específicas, mientras persisten reclamos de reparación y esclarecimiento.
La aprobación de medidas como la prisión preventiva obligatoria fue señalada como contraria a estándares internacionales de derechos humanos; el informe indica que además existen obstáculos para impugnar judicialmente esas decisiones. HRW recordó que una proporción relevante de las personas encarceladas aún no ha sido sentenciada y denuncia condiciones severas en los centros penitenciarios.
Sobre desapariciones, la organización alertó que se registran miles de casos cada año y que las autoridades no han implementado medidas efectivas para prevenirlos o para deslindar responsabilidades. Citó hallazgos en lugares de búsqueda masiva que incluyen restos y efectos personales, y denunció que las personas buscadoras enfrentan riesgos extremos.
HRW concluye que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa, con varios homicidios de periodistas y numerosos casos de acoso judicial, lo que limita la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
