La presidenta de México confirmó que el Gobierno recibió una invitación del mandatario de Estados Unidos para que el país se integre a la llamada Junta de Paz, y señaló que la respuesta está en análisis porque la decisión tiene implicaciones directas para la política exterior mexicana. La relevancia de la decisión radica en el reconocimiento que México mantiene del Estado palestino y en la obligación de ajustar cualquier postura a la Constitución.
La Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de evaluar la propuesta y determinar la posición oficial, pues, según la mandataria, no es una decisión personal ni unilateral. Ese análisis debe ponderar principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos.
La Junta de Paz fue formalizada por su impulsor durante el Foro de Davos como un órgano para supervisar un plan de paz inicialmente centrado en Gaza y con intención de ampliarse a otros conflictos. Varios países han expresado apoyo a la iniciativa, aunque también ha suscitado reservas entre potencias y buena parte de Estados europeos.
La postura mexicana se enmarca en una política exterior histórica basada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la autodeterminación. Por ello, el reconocimiento del Estado palestino figura como un elemento central en la evaluación de la invitación.
El Gobierno ha reiterado que reconoce tanto al Estado de Palestina como al Estado de Israel y ha abogado por la búsqueda de una salida pacífica al conflicto. La Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo señalado, definirá la postura oficial en el transcurso de la semana.
Hasta ahora, alrededor de 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del órgano, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, mientras que países como Francia, España y Suecia lo han rechazado. Además, el estatuto de la Junta otorga amplios poderes a su presidente, incluidos derechos de veto y capacidad para fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros, lo que ha generado críticas sobre su impacto en organismos multilaterales.
