Una investigación de la organización civil Causa en Común señala que el problema de las desapariciones afecta de manera directa a comunidades y familias en México y pone en jaque a autoridades locales y servicios forenses. El informe advierte que la magnitud del fenómeno tiene consecuencias inmediatas en la seguridad y la administración de justicia del país.
El estudio, titulado «Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre», indica que de más de 130 mil personas reportadas como desaparecidas en el país apenas 3 mil 860 cuentan con carpetas de investigación abiertas. Causa en Común critica que las autoridades tienden a responsabilizar a la sociedad y no al Estado por la falta de información y el ausente seguimiento de los casos.
El documento señala que el gobierno cuestiona los registros y reduce la cifra oficial a menos de 43 mil desaparecidos, sin que se apunten programas eficaces para revertir el colapso de fiscalías y servicios forenses. Según el informe, en los depósitos forenses hay alrededor de 80 mil cuerpos sin identificar, lo que agrava la crisis institucional.
La organización concluye que instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no han cumplido plenamente su papel de acompañamiento y acceso a la verdad. Causa en Común acusa a estos organismos de emitir comunicados que defienden al gobierno o de guardar silencio, lo que califica como cómplice frente a la tragedia.
El reporte documenta además que al menos 35 personas buscadoras fueron asesinadas y ocho más desaparecieron en México, cifras que, según la organización, reflejan la ausencia de respuesta efectiva de los gobiernos federal, estatales y municipales. El informe responsabiliza a las autoridades de no garantizar condiciones para una vida segura y el desarrollo de la infancia y la juventud.
El documento también critica las descalificaciones del gobierno y del partido en el poder contra el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y afirma que esas reacciones evidencian incapacidad para afrontar el fenómeno y el rechazo a reconocer su dimensión por impacto político.
Durante 2025, las entidades con más desapariciones reportadas fueron el Estado de México con 1,778 casos, Baja California con 961, Guanajuato con 954, Sinaloa con 946 y Michoacán con 889. Estas cifras forman parte del balance que presenta la organización sobre la situación en el último año.
En comparación con 2024, Jalisco registró un aumento de 212%, al pasar de 147 a 458 casos; Baja California subió 147%, de 25 a 50; Querétaro creció 89%, de 80 a 151; Tlaxcala aumentó 78%, de 23 a 41; y Guanajuato registró un incremento de 52%, de 623 a 954 desapariciones. Estos incrementos son destacados como señales de agravamiento regional.
Respecto a los hallazgos de fosas clandestinas, el informe señala que Jalisco concentra el mayor número con 708 localizaciones, seguido de Sonora con 323, Guanajuato con 270, Sinaloa con 229 y Baja California con 180. Causa en Común advierte que estos descubrimientos evidencian la magnitud del problema forense y de identificación.
