En respuesta a las críticas sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Presidenta del Gobierno de la Ciudad de México ha afirmado que la administración no incurre en prácticas de espionaje ni censura a través de esta regulación. Durante su conferencia matutina, el director de la Agencia de Transformación Digital respaldó estas declaraciones, reiterando que el gobierno actúa dentro del marco legal.
Se indicó que el artículo 183 del nuevo proyecto, ya aprobado en el Senado, conserva la redacción de la ley vigente, que fue establecida en 2014. Este artículo establece que los operadores de telecomunicaciones deben colaborar con las autoridades de procuración de justicia, en conformidad con lo que dictan las leyes.
Según los funcionarios, no existe una disposición que permita a la Agencia Digital o al Gobierno Federal acceder a información de los usuarios sin un debido proceso. En este contexto, se recordó que el artículo 182 de la ley actual estipula que cualquier colaboración con las autoridades debe basarse en un mandato escrito, respaldado por la autoridad competente.
Además, tanto el artículo 16 de la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen una orden judicial para localizar a una línea en tiempo real, un aspecto que ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye disposiciones sobre la colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones con las instancias de seguridad, se encuentra en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Esta normativa establece que cualquier incumplimiento en estos términos será sancionado conforme a la legislación penal correspondiente.
