Por Marycarmen Soria Narváez
Nuestro país está inmerso en una enorme crisis de violencia; la alarma se ha expandido por todas partes y es que no hay lugar ya de nuestro México que no esté viviendo la inseguridad en varias de sus formas, y muchos expertos manifiestan que la pobreza y la baja educación estimulan la violencia.
La idea de que la pobreza genera delincuencia y violencia, algunos la han puesto en segundo plano después de la educación, y se basan en ejemplos internacionales como el caso de Italia, donde al lado de un aceptable nivel de bienestar convive una actividad mafiosa. En el mismo México se encuentra que la violencia prolifera ahí donde la comunidad es más próspera; pero, en entidades como Oaxaca y Chiapas no se manifiesta en menores proporciones, a pesar de ser catalogados como estados con mayores grados de pobreza.
Siempre que se habla de crimen se habla de pobreza y nos dicen que una sociedad menos pobre, generará menos violencia, sin embargo, la relación entre estos problemas es mucho más compleja, ya que lo que queda claro es que la delincuencia e inseguridad generan pobreza, creando un círculo vicioso difícil de romper.
La idea es que la educación es portadora de una enseñanza invaluable: convence de que la armonía social es la mejor forma en la cual los individuos pueden convivir en comunidad, y que el progreso representaría la forma para abandonar la pobreza; así se pierde un incentivo para delinquir, apunta a que nuestros jóvenes están abandonando el bachillerato para integrarse al crimen organizado, ya que al vivir de manera cotidiana la delincuencia y la impunidad, los jóvenes no ven beneficios en estudiar.
No obstante parece que nuestros gobiernos solo se enfocan en la pobreza y en la aplicación de programas sociales, toda política pública bien diseñada y evaluada que busque reducir los niveles de pobreza en el país debe ser bienvenida, pero la política social no debe ser la única forma de enfrentar el crimen.
Se necesita abordar el tema de una manera integral en los planes de educación, cultura, economía, movilidad, trabajo y derechos humanos, en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de integrar a los diferentes poderes Judicial y Legislativo, para poder generar los cambios en leyes y programas sociales necesarios para minimizar la violencia e impunidad.
Cada vez se complica más la situación, pero hay responsables que fueron electos en las pasadas elecciones, en las cuales manifestaron que se harían cargo de estos problemas y ya es tiempo para que se empiecen a ver resultados.
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