Este 6 de mayo se cumple una semana desde que el gobierno de Estados Unidos anunció una investigación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios estatales, por supuestos vínculos con la facción de «Los Chapitos».
Desde el 29 de abril, la mayoría de los acusados han optado por no hacer declaraciones públicas y han mantenido un perfil bajo. Algunos intentaron ampararse en el fuero de sus cargos para evitar posibles arrestos y extradiciones a Estados Unidos.
Entre los funcionarios que han desaparecido de la esfera pública se encuentran Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública. Hasta el momento, no han realizado declaraciones para defenderse de las acusaciones.
Los altos mandos de la policía y la fiscalía de Sinaloa también han evitado hacer apariciones públicas tras la revelación de la investigación. Esto incluye a Marco Antonio Almanzas Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo», José Antonio Dionisio Hipolito, alias «Tornado» y Juan Valenzuela Millán.
Al poco tiempo de que se dieron a conocer las acusaciones, Rocha Moya emitió un comunicado donde calificó los señalamientos como una calumnia y un ataque a la Cuarta Transformación. A pesar de su defensa, el 1 de mayo anunció que solicitaría una licencia temporal mientras se llevaban a cabo las investigaciones, aunque su paradero desde entonces es incierto, aunque se cree que permanece en Sinaloa.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que hasta donde sabía, Rocha Moya seguía en Sinaloa, aunque sin confirmar su localización exacta.
Asimismo, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó una licencia temporal poco después del anuncio de Rocha Moya, asegurando que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Desde que se apartó del cargo, también ha mantenido silencio.
El 5 de mayo, la Fiscalía de Sinaloa informó que Dámaso Castro Zaavedra había solicitado licencia como Vicefiscal General del Estado, expresando su disposición para atender cualquier requerimiento legal que le sea formulado.
Por otro lado, el senador morenista Enrique Inzunza, el único funcionario que no ha solicitado licencia, declaró estar en su domicilio en Badiraguato, aunque desde entonces no ha sido visto en público. Ha optado por protegerse con el fuero de su cargo y anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente el miércoles. Su ausencia se hizo notable después de que se publicara la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
