El Ejecutivo Federal ha presentado una iniciativa ante el Congreso con el objetivo de preservar la seguridad y proteger la identidad de los juzgadores y sus familias en casos relacionados con la delincuencia organizada.
La propuesta, enviada a la Comisión Permanente del Congreso, contempla que en los asuntos relacionados con los delitos tipificados en la ley federal contra la delincuencia organizada, el órgano de administración del poder judicial podrá, a solicitud del ministerio público o de la autoridad judicial competente, implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los juzgadores. En situaciones excepcionales, se podrá resguardar su identidad a lo largo de la investigación, el proceso judicial y la ejecución de sanciones penales.
Sin embargo, para que se tomen estas medidas, es necesario cumplir con ciertos criterios. Se deberá verificar la existencia de un riesgo probable, real y grave que amenace la vida o la integridad de los juzgadores que tengan a cargo casos específicos, así como la de sus familias.
La propuesta también señala que se evaluarán los indicios de participación de los acusados en actividades delictivas, la capacidad del grupo delictivo para ocasionar daño, y la competencia de las autoridades para ofrecer protección. Asimismo, se tendrá en cuenta la gravedad del delito, la posible pena y cualquier intento previo de interferir con el proceso judicial o amenazar a los juzgadores y sus seres queridos.
