El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha sido informado de la retirada del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, una decisión que consideran como una represalia tras expresar su inconformidad ante la Secretaría de Gobernación por la falta de consideración a sus propuestas en la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
La noticia fue comunicada a los miembros del colectivo durante un viaje en autobús hacia Guadalajara, Jalisco, luego de haber participado en una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría. Esta medida ha provocado un clima de incertidumbre y temor entre los integrantes, quienes consideran esencial la protección por parte de elementos de la Guardia Nacional durante sus labores de búsqueda.
El colectivo, conformado principalmente por madres de personas desaparecidas, ha denunciado que el Rancho Izaguirre en Teuchitlán estaba siendo utilizado como un centro de reclutamiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Luz Antonia Toscano, una de las buscadoras, cuestiona la sensibilidad de las autoridades hacia las familias de las víctimas, indicando que la falta de protección refleja indiferencia ante el sufrimiento que enfrentan.
La inseguridad es un tema que ha cobrado relevancia tras el asesinato de María del Carmen Morales, una de las integrantes del colectivo, quien fue asesinada junto a su hijo en abril. Este suceso ha intensificado el temor entre las buscadoras, que ahora se preguntan sobre la seguridad de sus propios familiares.
La fundadora del colectivo, actualmente en la Ciudad de México, está trabajando para gestionar la reinstalación del Mecanismo de Protección, una solicitud que subraya la necesidad de medidas efectivas para salvaguardar a quienes realizan labores en condiciones de alto riesgo.
