De la indignación universitaria al patrón que el Estado no ha corregido
Por: Francisco A. Mijangos Ramírez
El asesinato de Ángel Yael no solo indignó: movilizó. Como se recordará, hace cuatro años, Ángel Yael, estudiante de ingeniería en Agronomía de la Universidad de Guanajuato, fue abatido —sin razón que lo justificara— por elementos de la Guardia Nacional. La reacción fue inmediata: miles de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles en la capital del estado. Las escalinatas de la universidad se llenaron, y el edificio central se convirtió en el epicentro de una protesta que, sin matices, sostenía que esa muerte nunca debió ocurrir.
Hoy, ese caso vuelve al presente.
No por la memoria, sino por la justicia: en estos días está por iniciar la audiencia de juicio en el proceso penal que busca esclarecer lo ocurrido y, eventualmente, determinar responsabilidades.
No fue únicamente el reprobable caso de Yael el que movió a esa gente. Había algo más profundo en el aire: la sensación compartida de que el Estado estaba fallando en algo esencial, el uso racional de la fuerza frente a su propia población.
La respuesta, vista desde los hechos, resulta incómoda, pues el caso de Ángel Yael no marcó un punto de inflexión donde se superaran los errores que causaron su muerte. Fue, más bien, el síntoma de un patrón institucional. En 2025, en Juventino Rosas, un menor de 13 años murió durante un operativo atribuido a la Guardia Nacional. No hubo marchas multitudinarias ni cobertura mediática sostenida, pero el esquema se repitió: un uso letal de la fuerza seguido de explicaciones oficiales que se limitan a dos promesas recurrentes: que ya se inició una carpeta de investigación y que no habrá impunidad.
En febrero de 2026, en Celaya, un joven de 17 años volvió a encajar en esa secuencia. Otro nombre. Otra familia. Otra versión. Y hay casos que no encajan del todo en esa lógica de intervención directa de la GN en la muerte de ciudadanos, pero abonan a la polémica.
En León, en 2024, cuatro mujeres y dos niños fueron asesinados dentro de su casa. Después se supo, a través de un video, que elementos de la Guardia Nacional habían estado ahí minutos antes del ataque. La autoridad negó cualquier vínculo. Pero el dato persiste: la presencia del Estado en aquella escena antes de haberse perpetrado el crimen no fue explicada y tampoco evitó la tragedia.
Eso cambia el enfoque.
Porque ya no se trata solo de fallas o errores en operativos. Se trata de algo más inquietante: qué ocurre cuando la intervención del Estado no protege, no disuade y tampoco logra explicar con claridad lo que pasó.
Mientras la narrativa oficial se sostiene en argumentos que dan pie al debate público, la supuesta reducción de homicidios (seguida de incrementos enormes en desaparición de personas), despliegue territorial, coordinación entre fuerzas de los tres niveles de gobierno, el problema no es solo cuántos homicidios hay.
Es quién los comete.
Cuando agentes del Estado aparecen, una y otra vez, como protagonistas en la muerte de civiles, el debate deja de ser técnico. Se vuelve político y, sobre todo, moral.
La Guardia Nacional fue presentada como una alternativa de carácter civil. Hoy, en la práctica, su integración a la estructura militar y la ampliación de sus facultades apuntan hacia otro lado: más poder operativo, sin un crecimiento proporcional en los controles civiles.
El caso de Ángel Yael tardó casi cuatro años en llegar a juicio. Cuatro años para determinar si lo que ocurrió en segundos fue un delito. Esa distancia no es solo técnica. Es política.
México enfrenta un dilema que no se resuelve con estadísticas: puede reducir ciertos niveles de violencia y, al mismo tiempo, normalizar que sus propias fuerzas estén involucradas en abusos graves sin consecuencias inmediatas. Volver hoy a ese caso no es solo un ejercicio de memoria, es una prueba. Es preguntarnos si aquella indignación que llenó las calles produjo cambios reales o si se quedó en consignas.
Porque lo que estaba en juego entonces —y sigue estándolo ahora— no es únicamente la eficacia de la estrategia de seguridad. Es algo más elemental: si el Estado puede ejercer la fuerza sin controles efectivos, sin rendición de cuentas oportuna y, en algunos casos, sin garantizar siquiera que su presencia reduce la violencia, deja de ser únicamente un garante de seguridad.
Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si una muerte nunca debió pasar. La pregunta es cuántas más estamos dispuestos a aceptar.
