Guanajuato, Gto. — Durante la sesión del pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada local por el partido Morena, María Eugenia García Oliveros, intervino para manifestar su respaldo al proyecto de infraestructura hídrica que contempla la construcción del llamado acueducto “Acueducto Presa Solís‑León”, pero a la vez exigir mayor transparencia y comunicación con los ciudadanos, así como aclarar dudas ante la “desinformación” que ha surgido entre municipios afectados.
Apoyo al proyecto… con condiciones
La diputada García Oliveros indicó que el proyecto —que tiene como objetivo abastecer de agua potable a los municipios de León, Silao, Salamanca, Irapuato y Celaya— cuenta con el respaldo tanto del gobierno federal como del estatal, y es apoyado por la bancada de Morena en el Congreso local. Según destacó, forma parte del “Plan Nacional Hídrico 2024-2030” y contempla una inversión total de 15 mil millones de pesos (federación + estado). (Según su intervención)
Agregó que este acueducto buscaría abastecer a un aproximado de 1.8 millones de habitantes en la ciudad de León y las zonas conurbadas.
Demandas de información y participación
No obstante, la legisladora puntualizó que debe haber mayor claridad respecto a los alcances, beneficios y posibles impactos del proyecto:
• Señaló que hay “mucha desinformación”, incluso entre los diputados locales, pues “no se nos ha dado toda la información” sobre el acueducto. 
• Expresó preocupación por que ciertos grupos, en particular en municipios como Acámbaro, se sientan afectados o excluidos sin que tengan los datos completos. En ese sentido, dijo:
“Ojalá que se la puedan compartir a todos para que no haya este tipo de desinformación … y lo que sí puedo decirles … es que yo no creo que vaya a haber afectaciones”. 
Llamó al diálogo entre autoridades estatales, federales, municipales y los propios ciudadanos para aclarar dudas y evitar que el proyecto se politice.
Cuáles son los temas de fondo
Los principales ejes que se pusieron en discusión son:
• El origen de los recursos: la federación y el estado aportarían los 15 mil millones de pesos para llevar a cabo la obra.
• La magnitud del proyecto: cubriría una zona urbana significativa (León y su entorno) y respondería a la presión de demanda de agua en esta región del estado.
• La incertidumbre local: algunos municipios muestran rechazo o preocupación por el posible impacto del acueducto en sus fuentes de agua, en el uso para la agricultura o para comunidades rurales.
• La comunicación y gobernanza: se insiste que el riesgo mayor no es técnico sino político/social, por la falta de información y consulta adecuada.
Perspectiva y próximos pasos
La postura de la diputada García Oliveros puede interpretarse como una estrategia de acompañamiento crítico: apoya la obra, pero exige que se cumpla con los estándares de transparencia, inclusión y justicia social. En este sentido, los próximos pasos que adelantó implican:
• Que las autoridades estatales y federales hagan público el expediente completo del proyecto —impacto ambiental, técnico, social, recursos, cronograma.
• Que se establezcan mecanismos de diálogo con los municipios directamente afectados —como Acámbaro— para resolver dudas e integrar sus observaciones.
• Que el Congreso local dé seguimiento al tema, para validar que la obra se ejecute sin comprometer los derechos hídricos de comunidades ya establecidas.
• Que los ciudadanos estén informados y convocados a participar; como la diputada lo dijo: se trata “del bien de la población”.
El respaldo abierto de la bancada morenista al acueducto Presa Solís-León —representado en la intervención de María Eugenia García Oliveros— aporta impulso político al proyecto. Pero, al mismo tiempo, su advertencia sobre la “desinformación” y su llamado al diálogo evidencian que el camino no está exento de obstáculos: dudas ciudadanas, riesgo de politización y la necesidad de asegurar que los beneficios lleguen de manera efectiva para todos los involucrados. La ejecución del proyecto —y su aceptación social— dependerán tanto del rigor técnico como de la construcción de confianza pública.
