En Irapuato comienza a tomar forma una investigación que podría poner bajo la lupa a uno de los personajes que durante años se movió con discreción en los pasillos de la política local. Carlos Cortés Serna, ex titular del Patronato de la Feria de las Fresas, enfrenta señalamientos por su gestión en el uso de recursos públicos estatales que, hasta hoy, no ha podido comprobar.
De acuerdo con información confirmada, durante el periodo en el que Paulo Bañuelos encabezaba la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), se transfirieron recursos a la Feria de Irapuato con el objetivo de montar un stand de promoción. Sin embargo, Cortés Serna, como responsable directo del patronato, no pudo acreditar en qué se ejerció el dinero ni presentar la documentación que justificara el gasto.
El caso no es menor. Estamos hablando de recursos públicos que provienen de la bolsa estatal, destinados a fortalecer la proyección de una de las ferias más importantes del Bajío. Y si bien las fiestas y los espectáculos suelen diluir responsabilidades entre aplausos, conciertos y fuegos artificiales, las auditorías comienzan a tirar del hilo.
Hoy, Cortés Serna no sólo está emplazado a rendir cuentas claras, sino que además enfrenta la obligación de reparar el daño al erario por los montos no comprobados. La situación lo coloca en un terreno minado: el de los funcionarios que, con discursos de transparencia, terminaron atrapados por la opacidad.
En Guanajuato, los antecedentes no son alentadores. La feria ha sido por años un escaparate de intereses cruzados, donde la cultura y la tradición conviven con contratos millonarios, asignaciones discrecionales y un manejo patrimonial poco escrupuloso. Lo de Cortés Serna es apenas un capítulo de una historia más amplia: cómo se administran los recursos en patronatos que, bajo la etiqueta de “autónomos”, han operado con un nivel mínimo de fiscalización.
El mensaje es claro: el dinero público debe comprobarse peso por peso. Y si no, la consecuencia es evidente: la apertura de procedimientos de responsabilidad y la obligación de resarcir lo que no se puede justificar.
En este caso, la incógnita no es si se usó el dinero —la feria se montó, el stand existió en algún grado—, sino cómo, con quién y bajo qué reglas se ejerció. Preguntas que Carlos Cortés Serna tendrá que responder, ahora no en entrevistas o en pasillos de feria, sino en las instancias de fiscalización correspondientes.
La investigación apenas comienza, pero la grieta está abierta. Y en la política local, un proceso como éste suele ser el preludio de algo más grande: la revelación de redes, complicidades y la confirmación de que, en Irapuato, los espectáculos de feria no siempre terminan con aplausos.
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