Para las empresas locales, la extorsión se ha convertido en un problema creciente que afecta la operación cotidiana y las decisiones de inversión, por lo que la patronal solicitó a los gobiernos estatales crear con prioridad unidades especializadas en las fiscalías para atender este delito.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la extorsión es uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial, una presión constante que encarece la operación y limita la capacidad de crecimiento de las compañías.
Con base en datos oficiales, el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081 en el último decenio, un aumento cercano al 78 %, y se reportó un incremento reciente en 20 de las 32 entidades federativas, según advirtió la organización.
Solo cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentraron 65,2 % de los casos, según el desglose presentado por la patronal.
Un sondeo empresarial de la organización mostró que casi la mitad de las empresas fue víctima de al menos un delito y que la extorsión fue el segundo con mayor incidencia entre las afectaciones reportadas por el sector.
La mayoría de los casos de extorsión ocurrió por vía telefónica, y en cerca de un tercio de los episodios hubo vínculo con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, situación que, según la patronal, erosiona la confianza institucional.
El gobierno federal anunció que se prepara una reforma constitucional y leyes subsecuentes para que la extorsión pueda perseguirse de oficio, y que se solicitará información estadística para localizar las ciudades donde aumentó el delito y reforzar las acciones correspondientes; además, se instruyó a las empresas telefónicas para dar de baja números reportados por extorsión.
