Juan Miguel Alcántara Soria
En las próximas semanas, los poderes públicos del país -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- adoptarán decisiones que entrañarán graves consecuencias para la realidad y calidad de la República, representativa, democrática, federal. Luego de las elecciones del pasado 2 de junio. El Judicial resolverá la integración definitiva de la Cámara de Diputados, ante amenaza de sobrerrepresentación de partidos de la 4T. Y calificará esos procesos, resolviendo cómo sancionar la injerencia de López Obrador, el uso de recursos públicos y del crimen organizado, la inequidad e ilegalidad de actos de campaña, entre otros. El Legislativo definirá cómo dar cauce a venganza de López Obrador contra el Poder Judicial. Y el Ejecutivo intentará seguir deletreando a la presidenta electa y al país y asegurarse impunidad de la corrupción y otros delitos de los suyos. Desde el exterior también habrá impactos, por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que la migración y la delincuencia organizada mexicana son tema.
Detengámonos en el primer tema: el intento de Morena y sus satélites, Verde y PT, de darse más diputados federales que los que votantes les confirieron. Inició el mismo día de la elección, con la ilegal intervención de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, decidiendo que su coalición tendría más diputados que los que resultaron del cómputo de votos en las urnas, por una sobrerrepresentación inconstitucional, sin aportar entonces los porcentajes de votación obtenido por sus partidos. Desde la reforma constitucional de 1996 se excluyó a Gobernación de participar en las elecciones, por eso es una grave violación su injerencia. Cuando después se computaron los votos distritales, su coalición obtuvo el 56.9% de la votación válida. La Constitución establece en el artículo 54 que partido o coalición se pueden sobrerrepresentar hasta un 8%, esto es, hasta el 65%, por lo que les corresponden 325 diputados. Y no el 74% de la cámara, que son los 370 que inconstitucional e inmoralmente pretenden, defraudando al voto popular y a la Constitución. El electorado dio a las oposiciones el otro 43.1% de votos válidos, pero AMLO pretende que solo tengan el 26% de las curules, para así poder reformar la Constitución solo el oficialismo, sin la concurrencia de las oposiciones. Porque el obradorato busca dar al Verde, que obtuvo el quinto lugar en la votación, más diputados, para que sea el segundo en diputados, por arriba del PAN, PRI y MC, los cuales obtuvieron más votos. El 8% de sobrerrepresentación debe darse a la coalición ganadora y no un 8% a cada partido que la integre, que multiplicado por tres provoca poder llegar hasta el 24% de sobrerrepresentación y la respectiva subrepresentación de las oposiciones, prohibida también.
Esto afecta a la República representativa, drásticamente, por desconocer principios constitucionales fundamentales de representación y de autenticidad en la expresión de la voluntad popular que la sustenta. El artículo 54 dispone que ningún partido puede tener más de 300 diputados, ni darse, en su caso, una sobrerrepresentación de más del 8%. Y la ley electoral previó que a una coalición debe tratarse como si fuera un partido, para ese efecto. Sin embargo, para burlar ambos topes, Morena, desde 2018, transfiere curules a Verde o PT, ya no votos como hacían antes. Como recién explicó Jorge Alcocer Villanueva ante Carmen Aristegui, maquinaron un fraude a la Constitución: primero, borrando del padrón de militantes de Morena a ciudadanos para hacerles aparecer como militantes del Verde o PT en la boleta (expuso pruebas). Luego, sumando Morena apenas el 43% de votos para diputados, pretende el 74% de esa Cámara, con sus partidos satélite (como en el príato fueron PPS y PARM).
Esto es lo que los ciudadanos debemos evitar: un fraude al voto popular, a la genuina representación de la pluralidad. En esa reforma de 1996, en la que López Obrador también exigió que ningún partido hegemónico pudiera por sí mismo reformar la Constitución, se estableció un tope tanto a la sobrerrepresentación como a la subrepresentación. Nos toca evitar regreso al autoritarismo. Hay que exigirlo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en agosto. No podemos permitir ese fraude a la representación de la pluralidad ciudadana. Hay tareas.
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