Juan Miguel Alcántara Soria
Al conmemorarse la promulgación de nuestra Constitución Política, el 5 de febrero, hubo dos eventos, con sentidos divergentes o encontrados: El celebrado en Querétaro, en el Teatro de la República; donde en 1917 se deliberó y aprobó nuestra Ley Fundamental. Asistieron representantes de los Poderes de la Unión, y gobernadores de los Estados, como siempre. Y otro, el del presidente López Obrador, solo, en el Palacio virreinal que levantó Hernán Cortés. No acudió a cita republicana, exhibiendo desprecio a remembrar compromiso de gobernantes de guardar y hacer guardar la Constitución.
En la cita de Querétaro, el posicionamiento de más repercusión, relacionado con los equilibrios entre poderes, hoy a punto de quiebre, fue el del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán. Transcribo partes: “… La Constitución de 1824 en la división de poderes fincó todo su andamiaje, confiando su eficacia en la conducta respetuosa de los poderes, y la separación de las funciones públicas… Con ella se llegó al punto más alto al establecer el reparto de las potestades públicas, la organización del legislativo y judicial, fuertes y autónomos… La Constitución de 1857 reconoció que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales… En 1917, el diputado Paulino Machorro dijo: “El magistrado no es igual al diputado o al senador, es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio. Se nombra a persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar en su función precisa, quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político”. Hay que alejar al poder judicial de la política, y no arrojarlo al fondo de ella. ¡Militancia y judicatura no son afines!”, agregó Pérez Dayán.
“… la Constitución es una Ley Fundamental, y así debe ser considerada por los jueces, escribió Alexander Hamilton en 1788. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras, y entiende, que por encima de la Constitución no hay poder alguno. Nada ni nadie… Y es precisamente la Constitución Federal la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete… Debemos coincidir todos en que los tres Poderes de la Unión, y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos, al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Ninguno es más democrático que el otro…
“Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley, a realizar lo que éstas ordenan, representa un acto democrático. Hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera entender así. Duele escucharlo, pero más doloroso sería dejarlo pasar…
“El Tribunal Constitucional es el intérprete lúcido de la voluntad popular, materializada en la norma que le permite y obliga a asegurar la conformidad de las leyes y sus procesos de creación con los preceptos supremos. De no atenderlos, esa ley no es ley, y tampoco debe ser obedecida. Declarar su invalidez es consecuencia de sus propios vicios…” Y cerró el ministro: “En este recinto se espera, cada 5 de febrero, que los Poderes de la Unión, de cuerpo presente, rindan cuentas de su juramento constitucional. De cara a la historia demostrar que celosamente han guardado y hecho guardar la Constitución. La cita aquí es ineludible”.
AMLO desatendió la cita de Querétaro. En palacio nada republicano (donde viven a gusto, lo pagamos todos y debe acumularse a su salario), presentó con su esposa, solos, iniciativas de reforma constitucional, que impactan al proceso electoral, y distraen atención ciudadana del desastre que vive el país. Revanchista, plantea juicio político contra Pérez Dayán, desconociendo con sus diputados las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir. Varias de sus propuestas ya han sido calificadas por el Poder Judicial de contrarias a preceptos supremos.
Con Alberto Pérez Dayán coincidí en la facultad de Derecho de la UNAM, en 1985, al iniciar ambos propedéutico de la especialidad. El haciendo carrera en la judicatura, yo en el despacho Alcántara y Alessio Robles, SC. Me precio de ser su amigo desde entonces. (Otra compañera, Norma Lucía Piña, es actual ministra, y digna presidenta de la Suprema Corte). Coincidencias honrosas que obligan.
No nos distraigamos. “Por encima de la Constitución, nada ni nadie”. Ésta es, para pueblo y gobierno, carta de navegación políticamente vital. Define rumbo y ritmos; incluso para renovar tripulaciones políticas. No desatendamos nuestra cita democrática el 2 de junio.
