La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre la supuesta implicación del FBI en el secuestro y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos. De confirmarse esta hipótesis, se plantearía una grave violación a la soberanía nacional, así como a principios del derecho internacional. La fiscal Ernestina Godoy presentó este asunto tras un reportaje del periodista Luis Chaparro, donde se cita una declaración del FBI reconociendo el operativo de captura.
Según la fiscal, el reporte indica que el FBI se atribuye la detención de un objetivo clave para Estados Unidos, afirmando que Joaquín «N» fue el principal autor de la acción. Godoy subrayó que, en caso de corroborarse dicha información, se estarían vulnerando múltiples normativas tanto nacionales como internacionales. Manifestó que se estarían observando tres violaciones de gravedad: infracciones al derecho, un pacto ilegal y una falta a la buena fe en relaciones diplomáticas.
La fiscal también se refirió a las declaraciones del exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien había afirmado que su gobierno no participó en la captura de Zambada. En este sentido, Godoy cuestionó la cooperación de Washington en la investigación, revelando que en una visita a inspeccionar la aeronave utilizada, los agentes de la FGR no fueron autorizados a realizar las inspecciones pertinentes, ni se les proporcionó la información necesaria para esclarecer el caso.
La FGR ha identificado el lugar del secuestro de Zambada y los dos escoltas que permanecen desaparecidos, así como el aeropuerto de despegue y el piloto del avión. La fiscal indicó que la pista utilizada no contaba con la autorización adecuada y que el avión presentaba alteraciones en sus identificaciones.
Ante el contexto actual, la FGR ha solicitado información adicional al gobierno estadounidense mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional. Esta acción podría resultar en la determinación de responsabilidades si se comprueba la participación de agencias extranjeras en el incidente.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de Salazar, planteando la necesidad de aclaraciones por parte del gobierno estadounidense. Insistió en que un operativo realizado sin la debida autorización constituiría una violación a la soberanía nacional y a la Constitución, así como a los acuerdos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
