En Celaya, el gobierno estatal impulsa la creación de Unidades Municipales de Atención a Víctimas para ofrecer una respuesta más ágil y cercana ante delitos y violaciones a derechos humanos, con particular incidencia en la atención a niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa busca consolidar capacidad local en los municipios y mejorar el seguimiento integral a las familias afectadas.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) promueve convenios con los 46 municipios de la entidad para formalizar dichas unidades, no limitándose solo a los ayuntamientos con declaratoria de alerta de género. El comisionado Francisco Javier Juárez León explicó que la atención municipal suele ser la primera respuesta y que la medida pretende evitar la revictimización.
Moroleón ya suscribió el convenio y se informó que Cortazar y Valle de Santiago lo harán próximamente; el personal de estos municipios recibirá capacitación para brindar atención con criterios de dignidad y apego a la ley. Las unidades trabajarán de manera coordinada con la CEAIV para articular servicios de asistencia, protección y seguimiento a las víctimas.
En una sesión de la Junta de Gobierno de la CEAIV se aprobó una reforma a los lineamientos del fondo especializado para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de desaparición o feminicidio de sus madres, con el fin de que las procuradurías auxiliares coadyuven con la procuraduría estatal en la emisión de planes de restitución de derechos.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que, por instrucciones de la gobernadora, el Ejecutivo estatal coordina acciones con los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y los municipios para avanzar en la protección de mujeres, adolescentes y niñas. Reconoció avances acumulados en más de un año de trabajo y enfatizó que la meta es cero violencia contra las mujeres.
La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, reportó acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud mental, con énfasis en Salamanca y Celaya, y la identificación del personal de 17 municipios con declaratoria, seis dependencias estatales, el Poder Judicial y la Fiscalía General que debe capacitarse en atención a la violencia contra las mujeres y en búsquedas de personas.
En coordinación con las 17 instancias municipales de las mujeres se aplicaron 240 instrumentos de valoración de riesgo de violencia feminicida, que derivaron en 16 órdenes de protección administrativas a favor de mujeres y sus hijas e hijos. Estas medidas forman parte de una estrategia para fortalecer la protección preventiva y judicial de las víctimas.
El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, destacó el fortalecimiento de los mecanismos de atención integral, la ampliación de programas de prevención y la profesionalización de los cuerpos de seguridad con perspectiva de género como resultados del trabajo coordinado entre su gobierno y la sociedad local.
