Por Rosario Mtz. de la Vega y Mario Villegas
En política, los detalles importan. Y cuando los documentos oficiales no coinciden entre sí, lo que queda es una pregunta incómoda: ¿quién dice la verdad?
La diputada local de Morena, Hades Aguilar, llegó al Congreso de Guanajuato con un discurso de austeridad, honestidad y vida pública intachable. Sin embargo, una revisión de su propio rastro documental —declaraciones patrimoniales, currículos oficiales, resoluciones judiciales y registros administrativos— revela inconsistencias que hoy siguen sin explicación pública.
Currículos que no cuentan la misma historia
En su Declaración Patrimonial y de Intereses presentada en diciembre de 2021, Hades Aguilar manifestó no tener participación en empresas, ni beneficios privados, ni toma de decisiones en el sector empresarial.
No obstante, al revisar los cuatro currículos oficiales que presentó a su paso por el servicio público, aparece una constante que no termina de cuadrar.
En todos ellos refiere haber sido directora administrativa de la empresa “Pro C Desarrollos y Proyectos S.A. de C.V.”, aunque con fechas distintas:
• En un currículo presentado en 2020, señala haber laborado del 1 de septiembre de 2019 al 30 de mayo de 2020.
• En otro, entregado en 2022, afirma haber trabajado en la misma empresa durante nueve años, de enero de 2009 a febrero de 2018.
Dos versiones, dos periodos radicalmente distintos, una sola empresa. La pregunta es obvia: ¿cuál es el verdadero?
La empresa familiar y los contratos públicos
“Pro C Desarrollos y Proyectos S.A. de C.V.” no es una empresa cualquiera. Se trata de una constructora propiedad de su hermano, Heriberto Aguilar, exdiputado federal con licencia y actualmente integrante del gabinete del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
De acuerdo con registros oficiales, esta empresa obtuvo seis contratos gubernamentales, cinco de ellos concentrados en un solo año, por servicios de supervisión, que representaron alrededor de 2.1 millones de pesos. A partir de 2013, no se localizaron más registros de licitaciones o contratos.
Aunque no existe, hasta ahora, una resolución que acredite ilegalidad, el vínculo familiar, la omisión en la declaración patrimonial y la inconsistencia en las fechas laborales levantan señales que, al menos, merecen explicación pública.
El episodio del alcoholímetro y los bienes inexistentes
En noviembre de 2020, Hades Aguilar fue detenida durante un operativo de alcoholímetro en la capital del estado, por conducir en estado de ebriedad a bordo de una camioneta Cadillac.
El hecho fue documentado en redes sociales y derivó en su remisión a separos. Sin embargo, en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, la diputada manifestó no contar con ningún tipo de bienes, lo que abre otra interrogante:
¿de quién era el vehículo?, ¿por qué no fue aclarado en su momento?
Una candidatura impugnada… y validada
La candidatura de Hades Aguilar fue impugnada bajo el argumento de no acreditar un modo honesto de vivir, precisamente por el episodio del alcoholímetro.
El caso llegó a la Sala Monterrey, que finalmente avaló su candidatura, no porque se desmintieran los hechos, sino porque determinó que las pruebas aportadas por Acción Nacional no eran idóneas, al provenir de publicaciones en Facebook y no de registros oficiales de los separos.
En cuanto a su residencia, el Tribunal consideró suficiente la declaración de testigos ante notario, quienes afirmaron conocerla por razones laborales.
Legalmente, el caso quedó cerrado. Políticamente, las dudas permanecen.
Origen, residencia y tiempos ajustados
Originaria de Sonora, Hades Aguilar es hermana de un actor político de alto nivel en el norte del país. Su llegada a Guanajuato se dio tras ser contratada como coordinadora en la Secretaría de Bienestar, por invitación del entonces delegado Mauricio Hernández Núñez.
Las fechas de ingreso y salida no son del todo claras. Los propios documentos oficiales presentan versiones distintas, aunque sitúan su llegada a mediados de 2019, apenas dos años antes de la elección de 2021, el tiempo mínimo requerido por la Constitución local para aspirar a una diputación.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Nada de lo anterior constituye, por sí solo, una sentencia. Pero en conjunto dibuja un patrón: documentos que no coinciden, silencios prolongados y explicaciones que nunca llegaron.
• ¿Por qué los currículos oficiales presentan periodos laborales contradictorios?
• ¿Por qué una relación con una empresa familiar no aparece reflejada con claridad en la declaración patrimonial?
• ¿Por qué un episodio público como el del alcoholímetro nunca fue explicado a la ciudadanía?
En política, la confianza no se decreta: se documenta.
Y hoy, el expediente de Hades Aguilar tiene más páginas subrayadas que respuestas claras.
