El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el pasado martes 6 de octubre lo que miles de familias ya sufren desde hace meses: el agua que llega a gran parte de Guadalajara está sucia, maloliente y no es apta para uso doméstico. En una reunión con los alcaldes que integran la Junta de Gobierno del SIAPA, el mandatario admitió la gravedad del problema… pero también dejó claro que la solución real no llegará pronto.
El problema no es nuevo. Viene desde el año pasado. Sin embargo, las autoridades solo reaccionaron cuando la crisis se volvió insostenible. Lemus atribuyó la situación a que “durante años se dejaron de hacer las inversiones necesarias” en la infraestructura de potabilización. Hoy, dice, se harán responsables. La pregunta es inevitable y molesta: ¿por qué no lo fueron antes?
¿Cuántos años de descuido se necesitan para que una ciudad del tamaño de Guadalajara termine recibiendo agua contaminada? ¿Cuántos presupuestos se aprobaron sin destinar recursos suficientes a mantener y modernizar el sistema? Ahora que el problema estalló, las autoridades se presentan como los que van a “hacerse cargo”. Antes, aparentemente, no era su responsabilidad.
La causa inmediata está en el canal de Las Pintas, un sistema abierto y obsoleto que durante años ha recibido descargas irregulares e ilegales. Esas descargas terminan en la presa del mismo nombre y de ahí se distribuyen a miles de hogares. Las autoridades aseguran que llevan meses intentando eliminarlas. Pero las preguntas siguen sin respuesta clara:
- ¿Quiénes están haciendo esas descargas?
- ¿Por qué no se identificó y sancionó a los responsables con anterioridad?
- ¿Qué acciones concretas se tomarán contra quienes contaminaron el agua de una ciudad entera?
Mientras tanto, la “solución de corto plazo” que anuncian implica dejar de usar el sistema de Las Pintas. El agua llegará más limpia… pero en menor cantidad. Es decir: los ciudadanos pagarán con escasez el costo de años de abandono. Este esquema, según el gobierno, durará al menos seis meses, mientras terminan las obras de un acueducto de desvío desde La Calera y la ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle. En paralelo, dicen, se saneará el canal y la presa.
La solución de fondo es aún más lejana. El gobierno propone construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Para eso necesita que el Congreso del Estado apruebe el financiamiento. Si lo aprueba, la obra tardaría aproximadamente dos años.
Dos años. Esa es la estimación oficial para resolver de raíz una crisis que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, los habitantes de Guadalajara seguirán recibiendo menos agua, o agua de mala calidad, como consecuencia directa de la falta de previsión, la falta de inversión y la falta de consecuencias para quienes contaminaron el sistema.
La crisis del agua en Guadalajara no es solo un problema técnico. Es el resultado de años de omisión.
Por: Fernanda Novoa
