En Michoacán se presentó una iniciativa para que la Política Nacional de Vivienda incluya mecanismos institucionales para recuperar inmuebles en condición de abandono, con respeto al principio de legalidad y criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación. La propuesta subraya la importancia local de reincorporar estas viviendas al mercado habitacional y atender el problema que afecta a comunidades y entornos urbanos.
La iniciativa plantea adicionar disposiciones a la Ley de Vivienda para que el Programa Nacional de Vivienda contemple estrategias y líneas de acción para la recuperación y la reasignación de viviendas abandonadas a la población solicitante. Se busca que estos instrumentos permitan una intervención ordenada y con criterios técnicos.
Propone además que el porcentaje de viviendas en abandono sea un criterio para evaluar los objetivos del programa y el desempeño de las dependencias encargadas de su implementación. La medida pretende establecer indicadores claros que permitan medir avances y responsabilidades institucionales.
En la exposición de motivos se argumenta la necesidad de abordar el problema de forma integral para evitar la repetición de esquemas que en el pasado derivaron en abandono, deterioro urbano y conflictos sociales. Se reconoce que no todas las viviendas en abandono son susceptibles de recuperación, por lo que se requieren parámetros claros y viables para su reincorporación.
La iniciativa enfatiza que el Estado debe recuperar la rectoría en materia de vivienda mediante una política integral que considere las condiciones materiales de los inmuebles y su entorno urbano. Entre los criterios destacados están la garantía de infraestructura, servicios y proximidad a fuentes de empleo.
Asimismo, plantea que la recuperación y reasignación de viviendas se realice con transparencia y certeza jurídica, evitando procesos de intermediación que no han resultado eficaces. Se propone priorizar una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes y establecer candados que impidan la persistencia del problema y aseguren los derechos de los beneficiarios.
