El sistema de transporte público enfrenta críticas por la imposición de multas a los conductores que recojan o dejen pasajeros en lugares no autorizados. Esta regulación, diseñada para mantener el orden en las paradas establecidas, ha generado malestar entre algunos usuarios que consideran que las restricciones son excesivas y afectan la comodidad del servicio. La medida busca aumentar la seguridad en las operaciones, pero ha suscitado debate sobre la flexibilidad y atención a las necesidades de los usuarios en diversas zonas de la ciudad. La controversia pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación del servicio y la satisfacción de los ciudadanos.








