Guanajuato ha visto un retraso en el análisis de las iniciativas de despenalización del aborto, luego de que la Comisión de Justicia del Congreso local postergara, este viernes, la definición de la metodología para abordar el tema. La decisión, que complica el cumplimiento del plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impide que se lleven a cabo las mesas de trabajo programadas, las cuales buscaban involucrar a diversas organizaciones y autoridades en la discusión.
La sesión tenía como objetivo establecer un calendario para las reuniones que se llevarían a cabo los próximos días, específicamente el 16, 17 y 19 de junio. Sin embargo, la diputada Susana Bermúdez Cano, del Partido Acción Nacional (PAN), introdujo puntos adicionales relacionados con una reforma legal sobre adopciones, lo que causó que la agenda original no fuera aprobada.
Como resultado, se decretó un receso para la elaboración del dictamen correspondiente, con el acuerdo de reanudar trabajos el próximo 17 de junio. Esta decisión fue aprobada unánimemente, incluido el voto del presidente de la Comisión, Carlos Abraham Ramos, del partido Morena.
Ramos, sin embargo, criticó a sus colegas del PAN, acusándolos de utilizar estrategias para dilatar el proceso y evitar avanzar en la discusión sobre derechos reproductivos. Además, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, calificó de absurdo el aplazamiento y señaló que con el nuevo retraso, es poco probable que se logre un dictamen dentro del plazo establecido por la Corte, el cual es de 90 días a partir del 15 de febrero de 2026.
Por su parte, activistas a favor de la despenalización han expresado su decepción ante las maniobras legislativas del PAN, señalando que esta actitud evidencia falta de voluntad política para enfrentar el tema. También han subrayado la urgencia de legislar en favor de los derechos de las mujeres, ya que cada día en Guanajuato, una niña menor de 14 años se convierte en madre, muchas veces como resultado de situaciones de violencia.
La Suprema Corte ha fijado un ultimátum para que el Congreso de Guanajuato modifique su Código Penal y elimine la criminalización del aborto, advirtiendo que, de no hacerlo, podría proceder a la invalidación directa de las disposiciones legales existentes. Esto coloca una presión adicional sobre el órgano legislativo que, en su último intento de debate, rechazó la despenalización por un margen estrecho.
