La Secretaría de Gobernación publicó el protocolo nacional para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, que obliga a autoridades municipales, estatales y federales a coordinarse en la localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas. La medida busca agilizar las búsquedas y fortalecer la respuesta institucional a nivel local y nacional.
El protocolo establece el funcionamiento y procedimiento para activar y operar la alerta ante la noticia, reporte o denuncia de una persona desaparecida o no localizada. Está concebido para aplicarse en los tres niveles de gobierno y en coordinación con el sector privado y la sociedad.
Se señala que la desaparición y la no localización exigen actuación inmediata y coordinada de las autoridades para garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y una búsqueda efectiva. La alerta permanecerá activa hasta la localización confirmada de la persona, sin caducidad temporal.
La Comisión Nacional de Búsqueda remitirá de manera inmediata y automatizada la ficha de búsqueda mediante listados de correos a fiscalías especializadas, comisiones locales y demás autoridades, iniciando así la Alerta Nacional de Búsqueda. Las autoridades receptoras deberán emitir acuse de recibo por el mismo medio y conservarlo en el registro de trazabilidad correspondiente.
Las autoridades también deberán crear un expediente digital o físico de alertamiento con la ficha de búsqueda remitida. La ficha se difundirá públicamente a nivel nacional por todos los medios disponibles, salvo que exista una causa razonable fundada por la persona representante o familiar de la persona desaparecida.
En caso de menores de edad, el protocolo prevé la observancia del interés superior de la niñez y las disposiciones aplicables. Ante el reporte de desaparición, la autoridad que tenga conocimiento realizará sin dilación el registro en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y, cuando corresponda, en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Las fichas se generarán en formato digital e incluirán nombre completo, edad, sexo y género, fotografía reciente, fecha y lugar de la desaparición o última vez vista, señas particulares, rasgos físicos distintivos, condición de vulnerabilidad, datos de contacto y un folio único de identificación. La Comisión Nacional de Búsqueda podrá desarrollar herramientas tecnológicas adicionales para la administración y operación de la alerta, que deberán integrarse al protocolo una vez entren en funcionamiento.
El protocolo será revisado y evaluado al menos de manera semestral por la Comisión Nacional de Búsqueda mediante mecanismos de participación con las familias. México enfrenta un procedimiento del Artículo 34 de la ONU por indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática, situación que el Estado ha negado; según el registro nacional, se contabilizan más de 133,000 personas desaparecidas desde la década de 1950.







