La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, que permite contraer una deuda pública de cuatro mil millones de pesos para proyectos en los 46 municipios del estado. Esta decisión tiene impacto directo en la gestión de obras y otros proyectos locales.
El alto tribunal declaró, por unanimidad, infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de Morena y el Partido del Trabajo. Estos legisladores buscaban que la Corte impidiera la aprobación de la deuda sin aclarar el destino de los fondos.
El Congreso autorizó en febrero la contratación de ocho mil millones de pesos, de los cuales cuatro mil están destinados al acueducto Solís y los otros cuatro mil para proyectos diversos. Sin embargo, no se especificó el destino y monto de estos últimos.
Durante el análisis del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, la Corte determinó que la facultad otorgada a la gobernadora para realizar movimientos entre programas no significa una autorización para modificar el destino del financiamiento.
Los ministros concluyeron que esta atribución permite únicamente redistribuir recursos dentro de los programas ya aprobados por el Congreso local, sin incrementar el monto total de la deuda autorizada. Con esta resolución, la SCJN confirmó la constitucionalidad del decreto, permitiendo al Gobierno de Guanajuato avanzar con la contratación del financiamiento correspondiente al ejercicio fiscal actual.
