Guanajuato, Gto., 23 de mayo de 2022.- Con la mesa de trabajo del eje Seguridad y Paz Social inició el análisis del cuarto informe de gobierno del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
En la reunión participaron, por parte de Gobierno del Estado, la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni.
El diputado Luis Ernesto Ayala Torres manifestó que acudían atentos para dar un cabal cumplimiento al ejercicio de glosa del cuarto informe de gobierno, pues era preciso que la ciudadanía conociera con certeza el estado que guarda la administración pública estatal, los programas, objetivos y resultados alcanzados, a través de la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, subrayó que la rendición de cuentas era un mandato que la ley establece al Poder Ejecutivo y revisarlas exhaustivamente era una obligación que competía al Poder Legislativo.
“Con el cumplimiento de ambos poderes se materializa la transparencia como principio fundamental de gobernabilidad, pues hace posible conocer y atender las demandas sociales y medir la eficacia de las acciones implementadas para su atención”, finalizó.
Durante la comparecencia, las diputadas y los diputados realizaron preguntas en torno al ranking 2021 publicado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en materia de incidencia delictiva; las causas de que la política de seguridad no haya podido combatir a la delincuencia; el número de reuniones a las que ha asistido el secretario de seguridad con funcionarios a nivel nacional sobre el tema; los detalles en las certificaciones de elementos, periodicidad y mecanismos de control que tiene la institución para que se conserven las mismas; si la política de prevención estaba fracasando; las acciones de prevención focalizadas; los parámetros o metas para modificar los programas de prevención del delitos y si consideraban que la Guardia Nacional debería salir de la entidad.
También cuestionaron respecto a cómo se pueden debilitar los cárteles si no se limitan sus recursos; los resultados que se desprenden del programa estatal de derechos humanos; las acciones que destacan en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad; los trámites que se realizaron a través de las unidades móviles del registro civil, la aceptación de la ciudadana, los beneficios que representan y el monto de los recursos que se otorgaron para brindar ese servicio.
En su intervención, los funcionarios estatales señalaron que en los estudios respecto al ranking de seguridad pública no se encontraron metodologías específicas, sino que se basan en notas periodísticas; que el Estado siempre estaba presente en las mesas de seguridad a nivel nacional y existe coordinación permanente con las autoridades federales; en términos de violencia Guanajuato ha disminuido significativamente; que el certificado único policial incluye: la evaluación de competencia, de desempeño y la control de confianza; la política de prevención se realiza a nivel estatal y municipal; la Secretaría de Seguridad no tiene la posibilidad de incautar para destinarlos al uso de seguridad sino que opera únicamente con el presupuesto asignado; que se cuenta con un instrumento de política pública en materia de derechos humanos en los que destaca la protección de la niñez y la adolescencia, fortalecer los derechos humanos de las personas indígenas, y de migrantes de destino y tránsito; y que se otorgan actas de nacimiento, defunción, se realizan rectificaciones administrativas y en total se llevaron a cabo 14,566 trámites.
En una segunda ronda de preguntas, las y los congresistas indagaron sobre las ventajas que representaba que el Instituto de Formación de Seguridad Pública estatal cuente con certificaciones y cómo se refleja a favor de los guanajuatenses, las áreas de oportunidad y el número de elementos que fueron capacitados; si la Comisión Estatal de Búsqueda cuenta con algún estudio sobre el monto que requieren para atender sus necesidades de manera puntual; la eficacia del modelo de reinserción social; las acciones que se desprenden en materia de procuración laboral e impartición de justicia, y el avance en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral; cómo se enfocarán los esfuerzos para la conducción de soluciones para que las víctimas sean el centro de la política de seguridad; y el número de los elementos que cuentan con certificación vigente.
Además, inquirieron respecto al diagnóstico para la prevención y erradicación de la violencia contra la niñez, detallar los resultados y cuáles elementos ha podido ser incluidos en políticas públicas para el sector; los parámetros que se utilizan para asignar el presupuesto de la Comisión de Búsqueda, integrado por 6 personas, los productos que fueron realizados por la unidad de análisis de dicha Comisión y los elementos materiales con los que cuenta; los resultados de las programas para prevenir la violencia de género; detallar las acciones y programas implementados para tener una juventud libre de adicciones y las que destacan en la materia; lo que se ha hecho para mejorar el trato de las y los operadores de servicio público estatal hacia la ciudadanía.
En respuesta, los funcionarios manifestaron que el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) puede certificar a nivel local y nacional; que se cuenta con mil 144 elementos de formación inicial; destaca la capacitación de derechos humanos, violencia de género y justicia cívica; que los retos son el espacio con el que se cuenta para tener un centro más grande y con más tecnología porque no sólo era para policías sino para dos licenciaturas y maestrías; los apoyos que otorga la Comisión de Víctimas son para quienes lo solicitan, que se estará dotando de los recursos necesarios y no se quedará sin fondos, y que es el sexto con mayor recursos en el país; que el estado cuenta con la policía mejor pagada del país, con mayores prestaciones laborales y que los resultados del programa de reinserción de adolescentes es entregado a la federación.
También se comentó que se ha trabajado en cómo lograr mayores oportunidades de empleo, que los trabajadores y patrones conozcan sus derechos; que se ha logrado el 80% en la conciliación laboral; que toda la capacitación que se da a elementos de las corporaciones policiales tiene enfoque de derechos humanos; no se tienen solo 6 personas en la Comisión de Búsqueda sino 22, pero son 6 las que lideran; que se cuenta con la implementación de los programas preventivos y viene a sumar lo correspondiente a Planet Youth; se hizo un rediseño en capacitación de derechos humanos, perspectiva de género, calidad en el servicio para que los operadores brinden mejor servicio y se da seguimiento al 100% de las quejas que se reciben.
En una tercera ronda de preguntas, las diputadas y los diputados cuestionaron sobre cómo se ha logrado la innovación de modelo policial y qué implicaciones tiene; el criterio para determinar la cantidad y ubicación de las comisarias regionales; si bajó la delincuencia al tomar el mando único en Juventino Rosas; qué mecanismos o estándares de calidad tienen las empresas que se encuentran en los centros de reinserción y el número de personas que al salir cuentan con un trabajo; las acciones que han emprendido en materia de seguridad y de prevención del delito y qué elementos tecnológicos están utilizando para lograr un Guanajuato más seguro.
De igual manera, se solicitó información relativa a la reconstrucción del tejido social y cómo se articula el tema de seguridad con la pobreza; los matrimonios del mismo sexo que se han llevado a cabo a partir de la presentación de la circular por parte del Ejecutivo y si se están violando los derechos humanos al no regularse en la norma; la razón por la que no estaba funcionando la estrategia general de seguridad y a qué se debía que las fuerzas de seguridad pública en el estado no tuvieron acceso a los recorridos intermunicipales; acciones que llevan en materia de atención ciudadana de mano de la población; el trabajo que se ha realizado desde la Defensoría Pública para atender a las personas en materia de certeza jurídica y las acciones que destacan en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
En respuesta se precisó que las comisarias se crearon por población y ubicación, que les permite estar en los 46 municipios día y noche; que el municipio de Juventino Rosas se fortaleció porque existía desconfianza de la población hacia la policía municipal; que la construcción del mando único es a petición de los municipios; las industrias penitenciarias brindan seguridad social a las familias y el compromiso es que cuando el interno salga se le incorpora con el mismo patrón; la visión es seguir incrementado las tecnologías y sistemas de seguridad públicas; que en el nuevo andamiaje de prevención entran otras Secretarías, se detectan los polígonos y se atienden también temas de pobreza.
También se comentó que se han celebrado 102 matrimonios igualitarios en la entidad; que la estrategia de seguridad integral sí está funcionando y prueba de ello eran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional; y que se brindaron 58, 662 defensas a la ciudadanía.
En una última ronda de preguntas, las legisladores y los legisladores preguntaron sobre las acciones en particular que se hacen para la protección del sector turístico, si existe algún protocolo por parte de la Secretaría de Seguridad y cómo se garantiza que lleguen a un Guanajuato seguro; las acciones que está realizando el estado para modernizar los servicios registrales, principalmente lo registros públicos de la propiedad; cómo contribuyen a garantizar la gobernabilidad y paz en el estado; las acciones y resultados obtenidos por la policía turística; qué diagnóstico se desprende, en el caso de los municipios, en la emisión de los certificados únicos policiales y la meta de tiempo que tienen para tener el indicador el 100%; las acciones que han implementado para incrementar la participación social en torno a la prevención social de la violencia y la delincuencia; las que se llevan a cabo para asegurar que guardias de seguridad privada cuenten con la capacitación y el registro correspondiente; las acciones, cifras y resultados en materia de combate a la impunidad; las razones por las que no se ha concretado el empadronamiento de esos vehículos de lujo al patrimonio de la secretaría; y el déficit de policías; así como la fecha en que se tiene proyectado iniciar operaciones de la nueva academia de la policía.
Los funcionarios manifestaron que se tiene contacto con operadores turísticos, hoteleros y empresarios del sector para conocer sus necesidades y saber dónde se requiere la presencia de los elementos policiales; los servicios registrales de busca cómo hacerlos más eficientes, a través de las herramientas tecnológicas; que son pioneros en materia del registro público de la propiedad y se está digitalizando su acervo; que para contribuir a la gobernabilidad y paz social se ha realizado una coordinación interinstitucional entre las dependencias, que han sido mediadores entre conflictos, se ha fortalecido la vinculación con los municipios y se ha fomentado la cultura cívica democrática; se realizaron 1,305 patrullajes en zonas turísticas, se cuenta 250 elementos de policía turística, cuentan con cursos de rutas, atractivos, hospitalidad y calidad en el servicio, curso básico de inglés, entre otros aspectos.
Además, informaron que la obra de la nueva academia de la policía está a cargo de la SICOM; que hubo litigios en cuanto a los automóviles de lujo por lo que se pararon, que actualmente se tienen dos y están en trámite de alta; que se ha fomentado la cultura de prevención y autocuidado en diversos sectores de la ciudadanía; se mantiene el avance del 100% en el estado del certificado único policial, mientras que en los municipios del 80%; se instalaron los comités interdisciplinarios de la violencia y la delincuencia; y se conformaron 58 Comités de Participación Ciudadana.
Finalmente, el diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, agradeció la participación de los funcionarios y comentó que se tuvo la interacción ciudadana fue de 3,744 por medios digitales: 45 chats, por medio del portal Congreso, 1,332 por youtube, 817 vía twitter y 1,550 visitas a facebook.
Participaron en la mesa de trabajo las diputadas Noemí Márquez Márquez, Briseida Anabel Magdaleno González, María de la Luz Hernández Martínez, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Janet Melanie Murillo Chávez, Katya Cristina Soto Escamilla, Irma Leticia González Sánchez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Dessire Ángel Rocha, Yulma Rocha Aguilar, Martha Lourdes Ortega Roque, Susana Bermúdez Cano, Angélica Casillas Martínez, Laura Cristina Márquez Alcalá, Lilia Margarita Rionda Salas y Martha Edith Moreno Valencia; así como los diputados Luis Ernesto Ayala Torres, Alejandro Arias Ávila, Ernesto Millán Soberanes, David Martínez Mendizábal, Martín López Camacho, Bricio Balderas Álvarez, César Larrondo Díaz, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Armando Rangel Hernández, Miguel Ángel Salim Alle, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Gerardo Fernández González, Pablo Alonso Ripoll, Aldo Iván Márquez Becerra, Víctor Manuel Zanella Huerta, Cuauhtémoc Becerra González, Jorge Ortiz Ortega y José Alfonso Borja Pimentel.
