Don Rommel.
Hay algo particularmente revelador en los videos cuidadosamente producidos: iluminación correcta, tono solemne, pausas calculadas… y esa mirada ligeramente desviada que delata la presencia del teleprompter.
El mensaje reciente no fue la excepción.
Se nota la lectura. Se nota el ritmo impuesto por una pantalla invisible. Lo que no se notó —porque simplemente no ocurrió— fue la exhibición de una cédula profesional verificable.
En el video se muestran documentos. Se insiste en que “ahí están los papeles”. Se repite la idea de que todo está en orden. Pero hay una diferencia importante entre mostrar hojas ante la cámara y presentar un número de cédula consultable en el Registro Nacional de Profesiones.
La consulta es pública. digital, objetiva y al momento de esta revisión, no aparece registro alguno, aquí es donde el discurso pierde fuerza.
Porque si la cédula existe, bastaría con decir el número y permitir que cualquiera lo verifique en segundos. No se necesita dramatización no se necesita énfasis y mucho menos teleprompter. El punto no es el estilo del video el punto es el fondo, en México ejercer una profesión regulada implica registro oficial.
No basta con tener estudios, no basta con afirmar que se cuenta con ellos, la legalidad no funciona por convicción, funciona por constancia, lo curioso es que en lugar de presentar el dato que cerraría el debate, se optó por la narrativa y la narrativa puede convencer simpatizantes pero no sustituye un registro oficial.
La transparencia no necesita edición, solo necesita un número verificable, mientras eso no ocurra el video seguirá siendo eso: un discurso leído con convicción… pero sin el documento que realmente importaba mostrar.
En México, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones y con el artículo 250 del Código Penal Federal, el ejercicio legal de una profesión regulada requiere no solo contar con título universitario expedido, sino también con la cédula profesional debidamente registrada ante la autoridad competente. El título acredita haber concluido estudios; la cédula acredita la habilitación jurídica para ejercer frente a terceros. Sin ese registro oficial no existe autorización formal para desempeñar actos propios de la profesión ni para ostentarse públicamente como profesionista en el ámbito regulado y, dependiendo de las circunstancias —especialmente si se realizan actos profesionales o se induce a error al público— podría configurarse el delito de usurpación de profesión previsto en la legislación penal federal. La diferencia no es un simple trámite administrativo: es una condición legal con posibles consecuencias penales.
