En Michoacán, el Poder Judicial dictó sentencias y vinculaciones a proceso que afectan a varias regiones del estado, con resoluciones por delitos de violencia sexual, homicidio y otras conductas graves que tienen impacto en la seguridad local.
En Uruapan, Ulises “N” fue condenado a 44 años y 3 meses de prisión por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en una persona menor de 16 años; además se le impuso el pago de reparación del daño por más de 59 mil pesos, una multa superior a 68 mil pesos y la suspensión de sus derechos políticos por la duración de la pena.
Durante ese proceso, el juez aplicó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de Actuación para Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar la protección de los derechos de la víctima.
En Apatzingán, Marcos Alejandro “N” recibió una pena de 28 años de prisión por homicidio calificado; se le ordenó pagar más de 549 mil pesos como reparación del daño y se le suspendieron los derechos políticos por el mismo periodo de la pena.
En Zamora, Fabián “N” y Salvador “N” fueron sentenciados a 25 años de prisión por homicidio calificado en agravio de una mujer; se les condenó al pago de 5 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 549,364.20 pesos, la suspensión de sus derechos políticos por el mismo lapso y se les negaron beneficios de sustitución o suspensión condicional de la pena.
El Poder Judicial también vinculó a proceso a Alfredo “N” en Apatzingán por su probable intervención en el delito de abuso sexual en persona menor de 16 años; como medida cautelar se impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Asimismo, en Lázaro Cárdenas se vinculó a proceso a José Guadalupe “N” por su probable participación en un homicidio calificado relacionado con hechos ocurridos en el municipio de Aquila; se impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El Poder Judicial indicó que estas resoluciones reflejan el compromiso de sus juzgadores con la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas, mediante decisiones sustentadas en el debido proceso, la perspectiva de género y la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
