Durante las audiencias celebradas en el Reclusorio Norte, se dictaron medidas legales para 18 personas detenidas durante la marcha de la “Generación Z” el 15 de noviembre en la Ciudad de México. Entre los detenidos, tres enfrentan acusaciones por el presunto homicidio de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que custodiaban a los manifestantes y protegían las instalaciones cercanas. Uno de estos individuos podrá continuar su proceso en libertad.
Además, cinco detenidos fueron vinculados por resistencia de particulares; el juez decidió otorgar la prisión condicional a tres de ellos, mientras que la defensa de los restantes solicitó un plazo adicional. Tres jóvenes fueron también vinculados a proceso por lesiones.
Durante el desarrollo de las audiencias, se presentaron diversas pruebas, incluidas grabaciones y testimonios, tanto por parte de los abogados de los detenidos como del Ministerio Público de la fiscalía capitalina.
Tras la finalización de la marcha, las autoridades de la Ciudad de México reportaron que 20 civiles y alrededor de 100 policías resultaron lesionados, atribuyendo la responsabilidad de estos incidentes a los manifestantes que intentaron saltar las vallas en Palacio Nacional. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México declaró que la violencia se habría evitado de no haber existido provocaciones por parte de algunos asistentes a la manifestación.
Por su parte, la presidenta de la Ciudad de México reiteró la necesidad de una investigación sobre la violencia ocurrida durante la manifestación, desestimando las acusaciones de represión contra los manifestantes tras las detenciones. En conferencia de prensa, subrayó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá a su cargo la integración del expediente, aunque el Gabinete de Seguridad también colaborará en la indagatoria. La mandataria enfatizó que la violencia trasciende la protesta social y debe ser investigada adecuadamente.
