La Corte Penal Internacional tiene previsto abrir las primeras causas contra Rusia por crímenes de guerra en Ucrania y solicitará la detención de varias personas rusas por la deportación forzada de menores ucranianos y el ataque a infraestructuras civiles.
La fuente citada por Reuters ha asegurado que las órdenes de detención podrían incluir el delito de genocidio, y que se espera que lleguen en un «corto plazo» si son aprobadas por un juez de instrucción en el tribunal con sede en La Haya.
Diplomáticos y expertos externos aseguran que es posible la acusación a Vladímir Putin, ya que el tribunal no reconoce su inmunidad en casos relacionados con delitos relacionados con crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, aunque mencionan la escasa probabilidad de que se celebre un juicio. El tribunal no puede escuchar casos en ausencia y es poco probable que Rusia entregue a sus propios funcionarios.
Rusia, que niega haber atacado deliberadamente infraestructuras civiles en Ucrania, rechazaría con toda seguridad cualquier orden de detención contra cualquiera de sus funcionarios, pero un procesamiento internacional por crímenes de guerra podría agravar el aislamiento diplomático de Moscú y dificultar los viajes al extranjero de los acusados por temor a ser detenidos.
Ucrania asegura que miles de menores deportados son adoptados por familias rusas, alojados en campamentos y orfanatos rusos, reciben pasaportes rusos y son educados para rechazar la nacionalidad ucraniana. Moscú no ha ocultado la existencia de este programa, pero lo defiende como una campaña humanitaria.
La convención de la ONU sobre el genocidio define el «traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo» como uno de los cinco actos que pueden ser perseguidos como genocidio. A la pregunta de si los cargos de la CPI contra los funcionarios rusos podrían incluir genocidio, la misma fuente ha declarado a Reuters: «Eso parece».
Kiev ya ha llevado a cabo varios juicios por crímenes de guerra contra soldados rusos por incidentes individuales como asesinatos o violaciones en territorio ocupado, pero los cargos que barajan los fiscales de la CPI podrían ir más allá y apuntar a funcionarios responsables de políticas y no únicamente a los autores individuales.
