La seguridad en las inmediaciones de la embajada de México en Lima fue reforzada por la Policía Nacional con 25 agentes dentro de la residencia diplomática, en un operativo destinado a prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la sede a la espera de un salvoconducto para salir del país. La medida responde a la presencia de la política en el lugar y al interés de las autoridades por evitar su salida no autorizada.
El comandante general Óscar Arriola informó que, además de los agentes en la embajada, se han desplazado en promedio 36 miembros de la policía en distintos puntos de Lima para «cerrar cualquier posibilidad» de fuga. Señaló que en la residencia mexicana hay «un número considerable» de 25 policías dedicados a la vigilancia.
Arriola explicó que manejan informaciones que verifican como parte de su trabajo habitual y que extreman las precauciones en periodos de mayor movilidad. Afirmó que la institución actúa conforme a procedimientos rutinarios frente a alertas sobre intentos de escape.
Chávez fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el intento fallido de golpe de Estado vinculado al expresidente Pedro Castillo en 2022; días antes de la lectura de la sentencia ingresó a la residencia del embajador de México y recibió asilo de ese país, lo que derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El jefe policial detalló que una persona asilada podría intentar evadir la seguridad saliendo en un vehículo con inmunidad diplomática y realizando trasbordos en la ciudad. Recordó que, por la inmunidad de los vehículos diplomáticos, la policía está impedida de detenerlos o intervenirlos, «salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes».
Ante este caso, el canciller Hugo de Zela propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que se convierta en un mecanismo para eludir la justicia. Señaló que, sin referirse de forma específica al caso, observa una «evolución negativa» en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas.
El ministro reconoció que el país enfrenta retos tras la crisis política que siguió a la destitución de Castillo, pero afirmó la necesidad de preservar las garantías del debido proceso y el principio de no impunidad. Anunció que Perú evaluaría elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer los marcos multilaterales sobre asilo.
El mandatario interino José Jerí indicó que el gobierno tomará un tiempo indefinido para analizar la petición antes de autorizar cualquier salvoconducto que permita a Chávez viajar a México, como se hizo previamente con la esposa e hijos del expresidente.
