El rápido crecimiento del parque de vehículos eléctricos en China ha dado lugar a un mercado paralelo de reciclaje de baterías que opera fuera del marco regulatorio y con prácticas técnicas deficientes.
Investigaciones indican que talleres no autorizados gestionan aproximadamente el 75% de las baterías retiradas. Estas instalaciones realizan desmontaje manual y clasificación sin identificación empresarial visible, con acceso restringido y medidas de seguridad insuficientes para los operarios y el material tratado.
Técnicamente, el flujo de trabajo observado incluye compra de baterías de aseguradoras, subastas y particulares; desensamblado de paquetes y módulos; y cribado de celdas por capacidad residual. Celdas con >50% de capacidad se reacondicionan para aplicaciones de menor exigencia (bicicletas, triciclos, almacenamiento doméstico). Celdas más degradadas se trituran para extraer metales como litio, níquel y cobalto mediante procesos artesanales de bajo rendimiento.
Utilidad e impacto técnico:
– Reacondicionar celdas con suficiente capacidad extiende la vida útil del material y reduce la demanda inmediata de materias primas primarias.
– Los procesos ilegales, por su rudimentariedad, disminuyen las tasas de recuperación de materiales, incrementan pérdidas y generan residuos peligrosos que complican el tratamiento posterior.
– La mezcla de celdas de diferente estado y características aumenta el riesgo de fallos eléctricos y de incendios por inestabilidades térmicas, afectando la seguridad de los productos reacondicionados.
Efectos económicos y sobre la cadena de suministro:
– Los márgenes reportados (hasta 10.000 yuanes por batería) permiten a operadores clandestinos pagar hasta un 30% más por las unidades usadas, asegurando suministro y desplazando materia prima de los recicladores autorizados.
– Aunque la capacidad industrial oficial de procesamiento alcanza 3,8 millones de toneladas, las empresas autorizadas sólo gestionan cerca del 18% de ese volumen, lo que evidencia una pérdida de eficiencia del sistema y competencia desleal que perjudica inversiones en tecnología de recuperación.
Consecuencias medioambientales y operativas:
– Empresas homologadas alcanzan tasas de recuperación superiores al 90% gracias a procesos avanzados de separación y recuperación; los talleres informales obtienen rendimientos inferiores y generan corrientes contaminantes mal gestionadas.
– La ausencia de trazabilidad sobre origen y destino impide controles de seguridad, gestión de residuos y evaluación de responsabilidad ambiental.
Medidas regulatorias previstas:
– Las autoridades planean, a partir de abril, reforzar controles de trazabilidad, supervisión y mecanismos de integración entre fabricación, reutilización y reciclaje para reducir la participación del mercado negro y mejorar la seguridad y eficiencia del reciclaje de baterías.
En resumen, el problema técnico central no es la falta de capacidad industrial, sino la desviación de flujo de materia prima hacia procesos informales que reducen la recuperación de recursos, aumentan riesgos ambientales y operativos, y distorsionan la viabilidad económica de recicladores autorizados. La mejora pasa por controles de trazabilidad, fiscalización y políticas que alineen incentivos económicos con prácticas de recuperación seguras y eficientes.
