En Sinaloa, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez-Tagle, un hecho que reabre la preocupación local sobre la seguridad y la atención a las familias de personas desaparecidas. El suceso contrasta con el mensaje oficial sobre la supuesta reducción de la violencia en el país.
La analista Denise Dresser criticó esa discrepancia, señalando que, mientras el gobierno presume avances en materia de seguridad, las rastreadoras siguen realizando búsquedas en terreno sin diálogo con la mandataria. Dresser añadió que estos colectivos también enfrentan medidas administrativas que, a su juicio, podrían minimizar su labor.
Según la analista, en la agenda pública las desapariciones reciben menos atención que los homicidios, una percepción que deja a las familias en una situación de doble victimización. Dresser afirmó que las madres de desaparecidos sufren primero por la desaparición de sus hijos y luego por la falta de escucha e incluso por la violencia que enfrentan.
Las declaraciones ponen de nuevo sobre la mesa el debate sobre las políticas de seguridad y la respuesta institucional a las víctimas y sus colectivos, así como la necesidad de diálogo entre autoridades y buscadoras para abordar estas problemáticas.
