En Arizona, familias inmigrantes enfrentan una Navidad marcada por la separación y la incertidumbre, tras operativos migratorios que han dejado a muchos hogares sin alguno de sus miembros en estas fechas clave. La situación afecta de manera directa a comunidades en Tucson y otras localidades fronterizas, donde los arrestos han generado temor entre quienes viven de manera irregular.
María Ramos, una inmigrante mexicana residente en Tucson, dijo que pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, detenidos cuando salieron a trabajar en jardinería. La pareja, que llevaba décadas viviendo en el país de forma irregular, tiene además dos hijos con ciudadanía estadounidense que temen que la detención del padre derive en la detención de la madre.
Ramos relató que siempre supieron que existía el riesgo de detenciones, pero que sus familiares tenían que salir a trabajar para cubrir gastos, y ahora permanecen en un centro de detención migratoria. La noticia del arresto le llegó por medio de un amigo, que solo le dijo “se los llevaron”.
Organizaciones y registros sobre deportaciones muestran que desde el inicio de la actual administración federal se han intensificado las redadas migratorias, con cientos de miles de arrestos por parte de agentes de inmigración y despliegues en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington. Las cifras oficiales señalan un aumento significativo en detenciones y expulsiones en todo el país.
Aunque Arizona no ha recibido envíos masivos de tropas federales como en otras urbes, las redadas y operativos son habituales en este estado fronterizo, donde las comunidades migrantes viven con la constante amenaza de ser detenidas al salir a trabajar o realizar trámites cotidianos.
Otra familia afectada es la de Ana Moran, inmigrante venezolana en Arizona, cuyo esposo permanece detenido en la cárcel del condado de Pima acusado de un robo que la mujer niega y califica de sin pruebas. La pareja ingresó al país por la garita de Nogales y logró acceder a citas de asilo a través de la aplicación CBP One.
Esa misma herramienta, creada para gestionar solicitudes de protección, es ahora promovida por las autoridades como un mecanismo para la salida voluntaria con incentivos económicos y la posibilidad de regresar en el futuro, una oferta que empuja a algunos migrantes a contemplar la autodeportación pese a tener permisos de trabajo o trámites de asilo en curso.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que millones de personas han salido voluntariamente del país desde el cambio de administración, mientras cientos de miles han sido expulsadas a la fuerza por las autoridades. Estas cifras reflejan el impacto masivo de las políticas migratorias en familias que enfrentan procesos judiciales y incertidumbre consular.
Con audiencias migratorias pendientes, familias como las de Ramos y Moran viven con la preocupación de que las detenciones de un integrante comprometan los trámites y la estabilidad de los demás. La combinación de detenciones, procesos legales y la falta de representación consular para algunos nacionalidades deja a muchos en una situación de gran vulnerabilidad durante las fiestas.
