El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados ha declarado que, a partir del próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre, la iniciativa presidencial para combatir la extorsión será una de las principales prioridades legislativas. Esta propuesta tiene como objetivo crear una Ley General contra la Extorsión, permitiendo al Congreso, entre otras acciones, perseguir este delito de oficio y brindar protección a las víctimas, reconociendo al Estado también como víctima.
Se anticipa que esta iniciativa, la cual debe ser enviada oficialmente a la Cámara de Diputados, incluirá reformas al artículo 73 de la Constitución, específicamente en su inciso a, fracción XXI. El coordinador señaló que, una vez que la iniciativa llegue a la Cámara, solicitará al presidente de la Comisión de Justicia que se inicie inmediatamente el análisis pertinente, ya sea en dicha comisión o en la de Puntos Constitucionales.
Se enfatizó que la extorsión ha dejado de ser un delito menor y ahora se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Este fenómeno se ha desplazado de actividades tradicionales del crimen organizado, como el tráfico de drogas, hacia la extorsión, que incluye también delitos como secuestros y amenazas. Según el coordinador, alrededor del 70% de los casos de extorsión en el país se concentran en ocho estados, con una notable influencia proveniente de centros de rehabilitación social.
El líder de Morena en la Cámara de Diputados destacó que no se convocará a un periodo extraordinario para discutir esta iniciativa, anunciando que los dos meses previos al inicio del periodo de sesiones se utilizarán para diseñar una estrategia de trabajo, que incluye foros y la recolección de opiniones sobre la iniciativa.
Por otro lado, un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que su grupo parlamentario había presentado previamente una iniciativa similar para reformar el artículo 73 de la Constitución, tras el alarmante aumento de la extorsión en el país. Este legislador subrayó la urgencia de abordar este delito, que ha crecido en un 60% en años recientes, y llamó a la acción inmediata para frenar este fenómeno delincuencial.
La propuesta del PAN, presentada en diciembre del año anterior, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde hasta el momento no ha sido dictaminada. Se destacó que la extorsión es un delito especialmente prevaleciente en estados con alta actividad del crimen organizado, como Baja California, Guanajuato y Zacatecas, siendo este último particularmente afectado, con una tasa que supera los mil 500 casos por cada 10 mil unidades económicas.
