El tránsito en las carreteras federales es una actividad cotidiana que implica ciertos riesgos, lo que convierte la posesión de un seguro de auto en una necesidad no solo preventiva, sino también legal. Circular sin una póliza vigente puede resultar en sanciones económicas.
A partir de 2014, con la implementación del artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se establece que todos los vehículos que transiten por estas vías deben contar con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular. Esta póliza básica en México proporciona cobertura frente a daños a terceros, ya sean personales o materiales, por lo que los conductores están protegidos de incurrir en gastos significativos en caso de un accidente.
Es importante destacar que la cobertura de este seguro no satisface los requisitos del reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), más del 70% de los automóviles en el país no cuentan con un seguro, lo cual resulta preocupante dado que los accidentes de tráfico generan costos que superan los 120 mil millones de pesos anuales, impactando tanto la economía nacional como las finanzas de las familias.
La ley establece que la falta de un seguro adecuado puede acarrear multas que oscilan entre 20 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente entre 2,262 y 4,525 pesos. Adicionalmente, existe la posibilidad de que el vehículo sea retenido. Si un conductor adquiere un seguro y presenta la póliza ante la autoridad correspondiente dentro de un plazo de 45 días naturales, la multa podría ser cancelada.
Esta regulación busca asegurar que los conductores cuenten con una protección mínima en caso de causar daños a otros en la vía pública.
