Ciudad de México, 17 de enero de 2023.- Mediante un comunicado a la prensa, el Consejo Empresarial Mexicano manifiesta su inconformidad con lo que considera una obstrucción por parte del SAT. se reproduce a continuación el texto íntegro de dicho mensaje firmado por Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del organismo empresarial.
En lo que constituye una franca violación a los derechos fundamentales de los empresarios mexicanos, dentro de los se encuentra el de asociación, así como negligencia por parte de autoridades fiscales y displicencia de las autoridades judiciales al resolver problemas jurídicos hechos de su conocimiento, el Servicio de Administración Tributaria ha negado por más de un año al Consejo Empresarial Mexicano su Registro Federal de Contribuyentes, lo que ha detenido su constitución legal en definitiva.
Lo anterior resulta un grave atentado al Estado Constitucional de Derecho que impera en nuestro país, considerando que el Acta Constitutiva del Consejo fue emitida por un Fedatario Público en diciembre de 2021, ya que a la fecha el Servicio de Administración Tributaria, de manera arbitraria y exigiendo requisitos que no se encuentran expresamente estipulados en la ley ni en las propias reglas de carácter administrativo que la propia autoridad expide, ha negado al representante legal del organismo empresarial su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, obligándolo a acudir a siete oficinas del SAT en cuatro entidades de la República, entre enero y diciembre de 2022, sin que la dependencia le haya cumplido con su obligación de realizar este sencillo trámite.
Aunado a esto, el Consejo así mismo se ha visto en serias dificultades para realizar el trámite, al no existir espacios disponibles en el portal oficial del SAT que le permitan generar citas para realizarlo, ante los constantes y arbitrarios rechazos que ha sufrido por parte de la autoridad hacendaria.
El representante del CEMexicano, explicó que desde enero del año pasado asistió a las oficinas del SAT en los municipios de Guadalupe y San Pedro Garza García en Nuevo León, de Piedras Negras en Coahuila y de Ciudad Victoria en Tamaulipas.
De igual manera acudió a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria ubicadas en las alcaldías de Iztacalco y Cuauhtémoc en la Ciudad de México y de Metepec en el Estado de México, sin obtener la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para el Consejo Empresarial Mexicano, pues en todas ellas ha recibido excusas arbitrarias que han imposibilitado la realización del trámite.
Describió que en este recorrido las diversas oficinas del SAT, para negar la realización del trámite, argumentaron cuestiones como: que son necesarios los número del Registro Federal de Contribuyentes de todas las personas físicas y morales que aparecen en el Acta Constitutiva, sin importar si son socios o no del Consejo; que existen supuestos errores en el Acta Constitutiva con respecto a los RFC; que se requiere información adicional que se advierte del Acta Constitutiva; que es necesaria la acreditación de la personalidad de los presidentes de los organismos socios del Consejo al ser estos personas morales, entre otros.
Debido a esta situación y derivado de lo que resulta una evidente intención de la autoridad fiscal del país de bloquear el registro del Consejo Empresarial Mexicano, el organismo promovió un juicio de amparo radicado en el Juzgado Décimo quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y ante la negación de los actos reclamados por parte del SAT como autoridad responsable, el titular del Juzgado indicado, Yamín Francisco González Mendoza, displicentemente decidió sobreseer el juicio a pesar de existir constancias que acreditan plenamente la existencia de los actos, mismas que fueron exhibidas por el Consejo y se encuentran agregadas al expediente correspondiente.
Al resultar lo anterior completamente violatorio de los derechos fundamentales del Consejo, así como de la gran cantidad de empresas que tienen la voluntad de agremiarse a él, el organismo interpuso el recurso de revisión correspondiente en el que un Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra en el proceso de revisión de la inconstitucional decisión del Juez, esperándose su resolución favorable en las próximas semanas “ante lo que consideramos una evidente acción de negligencia de parte de un juzgador del sistema judicial federal”.
El Consejo considera que existen elementos para calificar este hecho como una actuación displicente del Juez, al dejar de analizar elementos que se presentaron en la demanda formulada en el Juicio Constitucional.
Voceros del Consejo explicaron que, el trámite que arbitrariamente se le ha negado, se realiza de forma inmediata y concluye con la generación de la firma electrónica en el mismo día, por lo que no hay razón legal para que la inscripción del Consejo Empresarial Mexicano en el Registro Federal de Contribuyentes quedara realizada en enero de 2022 y con ello se concluyera su constitución legal al inicio del año pasado, bajo la premisa de requerimientos absurdos que no se encuentran expresamente manifestados en la ley.
Sin embargo, el Consejo Empresarial Mexicano de facto es un organismo constituido que tiene el beneplácito de sus empresas asociadas para agremiarse a él en la búsqueda de una verdadera representación empresarial.
Cabe destacar que actualmente más de 30 organismos empresariales, asociaciones de profesionistas y cámaras de comercio internacionales se han integrado al Consejo Empresarial Mexicano.
El representante legal del Consejo aseveró que es evidente la existencia de instrucciones para frenar su constitución, tanto por parte de la Administración Pública Federal como de algunas instancias del Poder Judicial Federal, al violar el legítimo derecho de asociación que tiene la comunidad empresarial mexicana.
Lo anterior en virtud de que, en diversos posicionamientos en defensa del gremio empresarial y de la sociedad en general, el Consejo Empresarial Mexicano ha sido un crítico objetivo de algunas decisiones controvertidas del Gobierno Federal en materia fiscal, energética, entre otras, así como de la sujeción que otros organismos de representación empresarial muestran a las disposiciones de la actual administración.
